La revocatoria de mandato es uno de los mecanismos más sanos —y también más exigentes— de la democracia participativa. Representa la posibilidad de que la ciudadanía, insatisfecha con la gestión de una autoridad electa, active una herramienta legal para evaluar si dicha persona debe o no continuar en el cargo. Lejos de ser un ataque personal, es una expresión legítima del descontento cívico. Por ello, quienes ejercen un cargo público deberían recibir este tipo de procesos con madurez, respeto y, sobre todo, humildad.
Recientemente, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, reaccionó con desdén ante la iniciativa ciudadana que busca su revocatoria. Con expresiones como “esa es como una inyección todos los días” o “aquí hay alcaldesa para rato”, respondió a los cuestionamientos y al proceso impulsado por el Movimiento Revocatoria Arraiján, liderado por el excandidato Abdiel González Tejeira. Más allá del contenido de las críticas o de las razones que motivan la recolección de firmas, llama la atención el tono desafiante y burlón con el que una autoridad electa responde al legítimo ejercicio ciudadano.
Hasta el 20 de octubre, el grupo promotor había reunido 2,458 firmas, lo que representa apenas el 4.28% de las 57,465 necesarias. Aún están lejos de la meta, pero el punto no está solo en las cifras, sino en el principio democrático que las respalda: incluso una minoría organizada tiene el derecho de exigir cuentas.
El caso de Peñalba no es único. En Panamá existen otros procesos de revocatoria en curso, como el que se promueve contra el representante Manuel Cheng en el distrito de San Miguelito. Estos procesos no deben entenderse como “rebeldías políticas” ni mucho menos como intentos de desestabilización. Son parte del derecho ciudadano a fiscalizar y exigir resultados, especialmente cuando se perciben incumplimientos, opacidad o falta de conexión con las necesidades reales de la comunidad.
Una autoridad electa debe responder con prudencia, sin soberbia y sin descalificaciones. La revocatoria de mandato no es una amenaza personal, sino una señal de alarma institucional. Puede convertirse, si se maneja con inteligencia emocional y compromiso democrático, en una oportunidad para evaluar, rectificar y mejorar el desempeño. Escuchar las críticas —aunque vengan de detractores políticos— es parte del trabajo de todo servidor público.
No se puede perder de vista que el poder es temporal. El voto que hoy se otorga, mañana se puede retirar. Como en la antigua Roma, cuando un general desfilaba por las calles tras una victoria, se le susurraba al oído una sola frase: “Memento mori” —recuerda que eres mortal. Era un llamado a la humildad en medio del triunfo. Lo mismo debería aplicarse a quienes ocupan cargos públicos: toda gloria es efímera, y el servicio público no es una conquista personal, sino una responsabilidad prestada por el pueblo.
A quienes enfrentan una revocatoria de mandato no les corresponde la burla, sino la reflexión. No basta con apelar a discursos de víctima ni refugiarse en acusaciones genéricas contra quienes disienten. Se espera templanza, autocrítica y un ejercicio activo de escucha ciudadana. Al fin y al cabo, el liderazgo no se mide solo por los logros, sino también por la forma en que se enfrenta la crítica y se respeta al adversario.
El autor es administrador industrial.
