En un giro que evoca aquellas palabras de mi artículo de mayo de 2006 —cuando describí cómo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había cumplido su deber al presentar la propuesta del tercer juego de esclusas—, hoy revivimos la historia. Casi dos décadas después, la misma institución sostiene ahora una visión aún más ambiciosa y trascendental: el Proyecto Embalse Río Indio, clave para la seguridad hídrica de Panamá.
El 24 de abril de 2006, se presentó al país el plan de ampliación del Canal, proponiendo la construcción de un nuevo juego de esclusas. Aquello marcó un momento crucial: un documento técnico y claro que puso fin a la especulación y convocó a un debate nacional serio, patriótico y necesario. La ACP había cumplido su papel constitucional al colocar sobre la mesa la propuesta más fundamentada posible.
Hoy, en 2025, el horizonte es distinto, pero el actor sigue siendo el mismo. Y, como entonces, se espera que quien lidere el proceso lo haga con solvencia profesional, ofreciendo una propuesta clara, completa y técnicamente rigurosa, capaz de sostener una discusión amplia y justa.
Panamá enfrenta una creciente crisis hídrica. Más de dos millones de personas dependen de los lagos Gatún y Alhajuela, cuya capacidad se ha visto comprometida por sequías prolongadas. En 2023 y 2024, las reservas alcanzaron niveles críticos, afectando no solo el tránsito de buques, sino también la estabilidad del abastecimiento de agua potable a nivel nacional.
Con la restitución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Ley 44 de 1999 —que amplió los límites de la cuenca hidrográfica del Canal—, la ACP recuperó la capacidad legal de intervenir en la cuenca de Río Indio. En consecuencia, emergió como prioridad estratégica la construcción de un embalse en esa zona: una reserva multipropósito, estimada entre 1 500 y 1 600 millones de dólares, con impactos sociales, de reasentamiento y ambientales que han sido previamente documentados.
Las cifras son contundentes: se prevé un embalse de aproximadamente 4 600 hectáreas —menos del 8 % del territorio de la cuenca de Río Indio— con una presa principal y tres auxiliares. La meta es almacenar entre 860 y 970 millones de galones de agua diarios, lo que permitiría incrementar hasta en 15 los tránsitos diarios del Canal.
La ACP asegura que más de 28 alternativas han sido evaluadas durante décadas, y que Río Indio representa hoy la solución técnica más viable para garantizar agua al país y al Canal durante los próximos 50 años.
Sin embargo, el impacto humano no es menor. Se calcula que alrededor de 500 familias —unas 2 000 personas— podrían verse afectadas directamente. El proyecto contempla una asignación de aproximadamente 400 millones de dólares para compensaciones y programas de sostenibilidad humana, incluyendo el reasentamiento, infraestructura básica y mecanismos para preservar los medios de vida actuales de los residentes.
Como parte de ese enfoque social, la ACP ha llevado a cabo un censo voluntario, con participación del 80 % de los habitantes de la zona, para levantar información detallada que permita establecer acuerdos justos y transparentes. No obstante, persiste una oposición activa. El pasado 16 de mayo de 2025, organizaciones locales protagonizaron una protesta acuática denunciando impactos sociales y ecológicos, y acusando a la ACP de priorizar intereses económicos sobre los comunitarios.
La ACP vuelve a encabezar una propuesta histórica, esta vez con un contexto completamente distinto. En 2006, su reto era lograr respaldo para una obra de infraestructura que ampliaría la capacidad del Canal; hoy su desafío es elevar el debate sobre una necesidad vital para el país: el agua.
Como señalé en aquel entonces, la ACP debía limitarse a presentar su propuesta técnica, mientras que al Estado le correspondía responder sobre temas como empleo, pobreza y desarrollo. Hoy, sin embargo, la ACP ha asumido también el papel de puente entre el conocimiento técnico y el consenso social, promoviendo reuniones familiares, diálogo individual y socialización comunitaria como condiciones necesarias para avanzar.
En 2006 afirmé que los panameños sabríamos esperar y que el equipo humano del Canal estaría preparado. Esa afirmación sigue vigente. Los canaleros saben lo que hacen. Pero ahora el país necesita un debate que no caiga en demagogias ni simplificaciones. El proyecto de Río Indio puede convertirse en el cimiento de una nueva era hídrica para Panamá. Pero también en un espejo que nos obligue a mirarnos críticamente: ¿cómo garantizamos el progreso sin sacrificar la dignidad, el territorio ni el futuro de nuestras comunidades rurales?
Al enfrentar este nuevo capítulo, con la misma institución que inició el camino hace dos décadas al frente del debate, Panamá tiene el deber de exigir el mismo nivel de claridad, exigencia técnica y altura moral. Y también debe responder con una ciudadanía informada y un Estado dispuesto a actuar con visión de país.
Este es el momento de recordar que, si la ACP hizo su parte y la hizo bien en 2006, ahora corresponde al Gobierno electo y a la sociedad civil responder con igual compromiso ante el desafío nacional que representa Río Indio. El reloj del agua sigue avanzando, y la historia vuelve a colocarnos frente a una encrucijada. Es hora de tomar decisiones inteligentes, informadas y de largo plazo.
El autor es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa.
