Desde nuestra vida republicana en 1904 con el Visitador Fiscal, en 1918 con el Agente Fiscal y desde 1930 con lo que hoy conocemos como la Contraloría General de la República (CGR), recae la responsabilidad de fiscalizar la Hacienda Pública. La Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría definen el accionar que debe ejercer en el cumplimiento jurídico, económico y técnico.
Estos preceptos otorgan atributos de enorme valía para desestimar cualquier desempeño débil, pues la institución ha sido fortalecida con una estructura sustancial en siete pilares:
Ente independiente.
Fiscalizar, regular y controlar actos de manejo.
Examinar, intervenir, fenecer y juzgar cuentas.
Inspeccionar e investigar operaciones que afecten el patrimonio.
Presentar denuncias.
Recabar informes sobre la gestión fiscal.
Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad según casos o actos.
Está concebida para hacer lo correcto dentro de las garantías constitucionales, evitando infringir la ley, omitir funciones o extralimitarse.
Entonces, ¿por qué la ciudadanía percibe insatisfacción en el servicio de fiscalización frente a las irregularidades o actos de corrupción? Esta interrogante refleja que aún hay un largo camino, pues lo que se espera es construir una institución genuina, legítima y reparadora de los tejidos sociales.
Alejandro Tapia, contralor general en 1932, expresó: “Conviene dejar sentado que la independencia de la CGR, envuelta en atender las sugestiones del presidente de la República, pierde casi totalmente su eficacia y lleva el manejo y control de los fondos públicos a los viejos peligros que derivan de la intromisión de la política y de otras influencias en los problemas de las finanzas públicas”.
Rubén Carles, contralor general en 1990, encarnó la mayor expresión de lo que significa ser contralor: heterogéneo, firme y comprometido en el equilibrio fiscal, exigente en la rendición de cuentas y enérgico en el control del manejo de los fondos y bienes públicos frente a los tres órganos del Estado.
Hoy se requieren cualidades imprescindibles para un buen desempeño en tiempos difíciles:
Valentía para ejecutar los siete pilares, preguntándose: ¿qué tanto amas a tu patria?
Comportamiento ético organizacional, cuestionándose: ¿te someterías a la exigencia ética institucional o aplicarías un relativismo ético, siendo tu propia brújula moral?
La corrupción, mal endémico, se escabulle impunemente y se refleja en los deficientes servicios básicos como educación o salud. Cada acto corrupto erosiona oportunidades y profundiza desigualdades.
¿Cómo enfrentarla desde la fiscalización estatal? Con tecnología, métodos analíticos y la reducción de discrecionalidad. Algunas propuestas son:
Aplicar técnicas uniformes en la revisión de ingresos y gastos públicos.
Implementar el MSS como control de calidad.
Establecer reglas claras, como evitar reconocer CxP sin el refrendo de la CGR, ya que esto propicia déficits recurrentes y daña las finanzas públicas.
Como primer paso, se propone la estandarización y la creación de un organismo colegiado de control y fiscalización gubernamental: el Consejo Integral de Fiscalizadores Estatales (CIFE), conformado inicialmente por la CGR, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
El autor es tesorero del Municipio de Colón.
