“Los partidos políticos mienten… Cuando tenemos un informe [de financiamiento electoral] en frente, sabemos que ese informe es mentira, que la mayoría de la información que está allí puede ser cierta, pero que le falta un montón de otra información”. Palabras de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. Fue expositor en un foro de la Fundación IPEC (Instituto Panameño de Estudios Cívicos) en Panamá, el 22 de junio pasado. Por suerte, fui invitado, pues para entonces había empezado a investigar la “Caja 2″ de la campaña del PRD 2018-2019.
Secchi lleva más de 20 años estudiando el financiamiento político en Argentina y Latinoamérica. Su descripción del problema podría aplicarse a Panamá: “Las empresas, la autoridad electoral, las organizaciones civiles hacen de cuenta que en el tema del financiamiento electoral todo está bien […] porque hay una buena normativa que pone límites a los gastos, hay prohibiciones, se hacen informes públicos sobre los gastos de los partidos, etc. Pero, al fin y al cabo, es un plato de sopa que rebasa por todos lados… Señoras y señores: el financiamiento político no está absolutamente para nada controlado y lo que vemos es una partecita […] el problema es grande…”.
Y eso, precisamente, me lo confirmó una fuente que trabajó de cerca en la campaña del PRD en 2019, tras publicarse la segunda entrega de los reportajes. “Tu investigación es apenas la punta del iceberg… Hay gente que no mencionas, pero están hasta el cuello en el financiamiento paralelo. Recogieron millones, millones de dólares”, afirmó.
Además del vicepresidente y su socio –continuó– había un grupo autodenominado “The Funders”, que eran José Alejandro Rojas Pardini y su socio de negocios Rafael Sabonge. Eso explicaría por qué en este gobierno, pese a que ambos son dos completos inútiles, son inamovibles de sus cargos como ministro consejero y de Obras Públicas, respectivamente.
Además, Juan Melillo, actual gerente de la Caja de Ahorros, y Ramón Martínez, exministro de Comercio y hoy embajador de Panamá en Estados Unidos. Hay un quinto funder, apodado Buggy, cuyo nombre me reservo hasta hallar más evidencias. Sobre Rojas, Sabonge, Melillo y Martínez, todos figuran en los papeles del financiamiento paralelo del PRD entregados a La Prensa (algunos documentos han sido publicados; otros, en entregas futuras).
La fuente comentó, incluso, que los ministros socios fueron “salvados” de la quiebra –porque en el sector privado no les fue tan genial como en el estatal– por un banquero de la empresa privada que luego fue premiado con un cargo en un banco, esta vez estatal. Todos responden al presidente paralelo, ese que no quiere ese apellido, que quiere que lo llamen presidente –así, a secas– y dejar de gobernar en las sombras.
Estoy seguro de que otros candidatos hacen o hicieron lo mismo, pero de este es el que hay posibles evidencias. Si lo hizo una vez y obtuvo la victoria, pregunto, ¿renunciaría a una fórmula exitosa? Quizá no. Pero si no hay nada escondido, quizá el candidato permita una auditoría forense independiente a su actual campaña, ¿o no?
