La Asamblea Nacional (AN) tiene que cambiar. Lo primero que deben saber los diputados —en especial los que llevan tiempo ahí— es que son tan ordinarios como todos. No son príncipes, aunque sus carros los compren en Emiratos Árabes; no son sabios, porque muchos brillan por su traslúcida ignorancia funcional; no son un dechado de virtudes si no pueden probar la procedencia lícita de sus cuantiosos bienes. Y aunque luzcan vestidos y accesorios que cuestan cientos de dólares, incluso miles, nada los hace ni más elegantes ni más interesantes: solo son las parpadeantes luces de neón en un callejón oscuro que anuncian un bar barato y miserable.
Ni todo el presupuesto del Estado hará que la AN sea respetable si algunos de sus miembros solo piensan en robar. Ni ropas, ni carros, ni joyas, ni las marcas más caras: la apariencia legislativa sigue siendo tan mediocre como Silvia, ese memorable personaje de Rafael Pernett y Morales en su novela Loma ardiente vestida de sol, quien la describió como “una runcha de campeonato, tan runcha que espantaba a los saínos y atraía sobre sí toda suerte de moscas, tábanos y demás gente simpática”.
Y ahí están en el pleno legislativo esa “gente simpática” que propone aprobar leyes de amnistía, pero cuando le cae la pelonera de su vida, corre a “corregir”, que no era de amnistía sino de amnesia. O la presidenta de la AN, Dana Castañeda, que nos promete —como si fuera la gran cosa— que el presupuesto para la AN en 2024 será $30 millones menos que el actual, sin aclarar si hablaba del presupuesto que pusieron en papel ($150 millones) o del presupuesto aumentado después ($165 millones). La AN puede trabajar perfectamente con $50 millones. Lo demás es para el pillaje.
Los diputados no deberían tener inmunidad de ningún tipo. Está probado que solo la usan pícaros y bribones. Entonces, ¿por qué proteger a sinvergüenzas? Chello Gálvez, Zulay Rodríguez y otros abusaron de la inmunidad en el pleno legislativo, donde no son responsables legalmente de lo que dicen. Insultaron, mintieron, ofendieron y difamaron sin que ninguna de sus víctimas pudiera defenderse ante la ley. Eso debe terminarse ya, como terminaron todas las aspiraciones políticas de Zulay.
Ni una carta más de recomendación, ni para comprar fósforos ni para nombrar a nadie en ningún lado —salvo su personal y asesores—, ni para becas ni auxilios económicos; ni un dólar para obras que pueden hacer mejor otros funcionarios; ni un centavo para regalos que terminan en sobornos electorales; nada de exoneraciones, que compren como todos: pagando impuestos; cero partidas discrecionales o descentralizaciones paralelas, ni demás entuertos como ligas deportivas, planillas de cash back, ONGs de diputados y allegados, etc.
No más dos o tres cargos. Si difícilmente pueden como diputados, ¿qué hacen de alcaldes o representantes? Lo único que les interesa de esos cargos es el dinero de los subsidios del Estado. Ni un dólar más para combustibles ni para presidentes de comisiones o jefes de bancadas. El ejercicio del cargo de diputado incluye esas funciones y si no las quieren los de siempre, otros las harán. Si no pretenden cambiar, los votantes podemos reemplazarlos en cada elección. ¡Fácil y mortal!
