Con su habitual soberbia, José Raúl Mulino lanzó varias verdades a medias sobre un tema que se supone debería dominar: la seguridad. El también exministro del ramo afirmó que “no es verdad que aquí asesinan a la gente saliendo de la misa”, que quienes mueren “están en el negocio” y que “no eran monaguillos”. Luego descalificó a quienes cuestionan la compra de los aviones Super Tucano diciendo que algunos “no entienden la diferencia entre un avión y una vaca”.
Lo irónico es que quien parece no distinguir entre aviones de combate y tecnología de vigilancia antidroga es él mismo. Pero conviene ir por partes, porque varias de sus afirmaciones se derrumban al contrastarlas con la realidad.
Primero: por supuesto que mueren inocentes.
Mujeres asesinadas en parques después de misa, comerciantes atacados en sus comunidades, taxistas y conductores de plataformas ejecutados en plena ruta, niñas alcanzadas por balas perdidas. Panamá está llena de casos que contradicen la narrativa de que la violencia afecta solo a los criminales. Asegurar que todas las víctimas “tienen prontuario” no solo es falso: es una forma cínica de evadir la responsabilidad del Estado.
No existe una política de prevención que aleje a jóvenes vulnerables del crimen organizado, ni una estrategia que proteja a comunidades dominadas por las pandillas. No se trata de “ponerle un policía a cada panameño”, sino de reconocer que los inocentes están expuestos y actuar en consecuencia.
La experiencia regional lo demuestra. En Colombia, México y Ecuador, el control territorial de pandillas y narcotráfico ha dejado numerosas víctimas civiles. En Centroamérica, las maras asesinan a conductores y comerciantes por negarse a pagar extorsión. Esa dinámica ya se siente en Panamá: la violencia no se queda solamente “entre ellos”, sino que golpea a quienes nada tienen que ver con el crimen organizado.
Segundo: combatir el narcotráfico no es lo mismo que proteger a la gente.
Mulino sostiene que la inseguridad proviene del crecimiento del crimen transnacional y que la respuesta es comprar más equipo costoso —con procesos bastante opacos, por cierto—. Pero la experiencia internacional demuestra que los grandes decomisos paralizan un porcentaje pequeño del flujo de droga y no garantizan que la gente viva más segura. Cuando se golpea solo la oferta, las organizaciones criminales se fragmentan, pelean por rutas y territorios, y los homicidios en tierra aumentan.
Panamá sigue ese patrón. Mientras el gobierno presume récords en incautaciones, los asesinatos, la violencia doméstica y los robos siguen agobiando a la población. Podemos ser un aliado ejemplar en la interminable “Guerra contra las drogas”, pero ese desempeño no se traduce por sí mismo en seguridad para la ciudadanía.
Tercero: los Super Tucano no sirven para lo que el gobierno dice que sirven.
Panamá se endeudará por más de $76 millones —crédito gestionado por el propio contratista, Embraer, al estilo de los contratos “llave en mano”— para adquirir aviones de combate que no sirven para la detección de droga ni sustituyen la inteligencia satelital. La incautación de 13.5 toneladas se logró gracias a la cooperación con la DEA y no por aeronaves de este tipo.
Presentarlos como pilar de la lucha antidroga ignora su naturaleza: son aviones de ataque (en un país sin ejército) y no satélites ni aeronaves de vigilancia con sensores. Cuando la justificación no resiste una verificación básica, surge la pregunta obligada: ¿Cuál será la verdadera motivación detrás de esta compra?
En 2018 Mulino tenía un mejor diagnóstico: “El país alarmado ante el aumento de la inseguridad. Noticias de asesinatos y delitos evidencian la fallida estrategia oficial”. Esas eran sus palabras en una publicación en X cuando era oposición. Hoy, desde el poder, esa alarma dejó de ser útil y se convierte en una conveniente “ola de violencia, entre comillas”. El crítico feroz se volvió un presidente dispuesto a minimizar lo que él mismo denunciaba.
Niega que haya víctimas inocentes, cree que el combate contra el narcotráfico es equivalente a la seguridad ciudadana y compra aviones que no detectan cargamentos de droga. Puede que él se sienta seguro, blindado y sobrado. Los ciudadanos no. Son ellos quienes siguen enterrando a sus muertos mientras el gobierno intenta distraernos con aviones costosos, monaguillos y varias verdades a medias.
