Dicen que cuando uno está en un hueco, lo primero que debe hacer es dejar de cavar. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban en un hueco y siguieron cavando. Tras la indignación colectiva generada por la publicación del acuerdo 407 que permite jubilaciones especiales para magistrados y jueces, de hasta 14 mil dólares mensuales, la presidenta María Eugenia López prometió una conferencia de prensa del pleno para responder todas las preguntas. No se atrevieron a dar la cara.
El rostro que vio el país fue el de la secretaria de la Corte leyendo un comunicado que no rectificó nada. Fue un malogrado y soberbio intento por manejar la crisis, que terminó empeorándola. Para empezar, no derogaron, como correspondía, el acuerdo 407. Solo “suspendieron” su efecto para los 9 magistrados del pleno. El acuerdo sigue vigente para 142 magistrados titulares y jueces, y como no hubo derogación, nadie descarta que esa “suspensión” se suspenda en un futuro. Para rematar, en lugar de una disculpa, escuchamos un regaño. Los cuestionamientos de funcionarios, periodistas y ciudadanos fueron calificados como “injerencias”, “desinformación”, “zozobra”, e “irrespeto”. El respeto se gana y me temo que con esto los magistrados lo perdieron.
Lo único que lograron fue consolidar su fama de goleadores con los recursos de todos. Recordemos que esta jugada del “fondo de compensación por retiro” -un burdo eufemismo para no llamarlas jubilaciones especiales- fue precedida por otra igual de polémica: el aumento salarial del 66% en marzo de este año, que ya generó un efecto cascada. Los magistrados del Tribunal Electoral equipararon su salario a 14 mil dólares mensuales. Los magistrados del Tribunal de Cuentas y los Procuradores podrían hacer lo mismo. La gula de la Corte tiene efectos contagiosos.
Mientras se acumulan los argumentos jurídicos y las demandas contra la nueva prebenda, hay preguntas que resuenan en el ambiente. El acuerdo que crea las jubilaciones especiales es del 18 de julio de 2024 y fue publicado en Gaceta Oficial 386 días después. ¿Con qué intención lo escondieron tanto tiempo? ¿Es posible que una bomba de ese tamaño hubiese estado oculta en una gaveta por más de un año sin que nadie del Ejecutivo supiera? Sería el secreto mejor guardado de Panamá.
La Gaceta Oficial es responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, pero su titular fue uno de los primeros en rechazar el acuerdo 407. El Presupuesto General del Estado lo prepara el Ministerio de Economía y Finanzas, pasa por el Gabinete y debe ser aprobado por la Comisión de Presupuesto (las necesarias vistas presupuestarias) y el pleno de la Asamblea. El ministro Felipe Chapman aseguró que ese fondo no tiene fuente de financiamiento y es perjudicial e inconveniente para el país. El presidente José Raúl Mulino señaló que no es el momento para este tipo de decisiones.
Si la intención de los magistrados era colarlo en el Presupuesto de 2026, contando con la negligencia o la complicidad de otros funcionarios, el tamaño del escándalo logró todo lo contrario: activar todas las alertas y posibles contrapesos.
Pero aquí hay heridas mucho más hondas que las ocasionadas por las jugarretas jurídicas. La más alta corporación de justicia ha creado y defendido un nuevo privilegio amparada por el poder que le da ser juez y parte. Un acto que atenta contra la ética más elemental y los ideales de justicia. Los magistrados han mostrado estar desconectados de la realidad del país. Le han dado una bofetada en la cara a miles de panameños que tienen que vivir con una jubilación mínima. No existe fondo económico que compense el enorme daño que han hecho a su propia imagen y a la credibilidad de la justicia. El hueco ya es suficientemente profundo. Dejen de cavar.
