En Panamá abundan los señalamientos de corrupción, pero escasean las personas que se atreven a denunciarla con nombre y apellido y cargar con las consecuencias.
El caso Fintek, que involucra al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, los empresarios Budy y Ralph Attie y la abogada Janice Becerra, es una rara excepción.
La diferencia la marcó Luis Carlos Stoute, exsubadministrador de la AIG, quien acudió al Ministerio Público, tras ser ignorado por su jefe Luis Oliva, por el presidente Laurentino Cortizo y hasta ridiculizado por el entonces contralor Gerardo Solís. La reacción de este último fue muy diciente: “Tu problema es que eres demasiado técnico y cuadrado, debes ser más político”.
El “problema” de Stoute resultó ser una oportunidad para la justicia. Siendo tan cuadrado, detectó un presunto negocio redondo. La herramienta tecnológica desarrollada por la AIG para programas como el “Vale Digital” fue cedida a empresas que cobraban un porcentaje por cada transacción y lucraban recuperando las deudas del Estado a comercios, en plena pandemia. La intención era expandirlo a otras instituciones, pero la denuncia frenó el festín.
En la piñata también habría participado la abogada y copartidaria del PRD, Janice Becerra, contratada por Oliva para lubricar el esquema. Se esperan más detalles de un caso que, extraoficialmente, captó la atención del FBI.
Aunque brillan por su ausencia los peces gordos del “Gobiernito”, hay un elemento que merece destacarse: la investigación nació de un funcionario en ejercicio que perdió su trabajo por denunciar a sus jefes. Esto es muy inusual en Panamá. Casi dos años después, la fiscal Thalia Palacios ordena las aprehensiones. Las pesquisas abarcan no solo a exfuncionarios, sino también a empresarios. La lógica es clara: los corruptos en el sector público suelen hacer mancuerna con corruptores en el sector privado.
Justo ahora, en la Asamblea está esperando segundo debate un proyecto de ley de protección de denunciantes de corrupción, que se nutrió de los aportes de Luis Stoute. Veremos si esta vez prospera; en el pasado, intentos similares se estrellaron contra las agendas de algunos diputados.
¿Por qué es importante? Porque en un país donde la corrupción se ha vuelto la regla, el sistema debe blindar a quienes la denuncian desde adentro. Esa es la mejor forma de posibilitar que haya más delatores.
Pero Stoute sigue siendo una excepción en una sociedad donde la norma es mirar para otro lado cuando se trata de jefes, socios o primos, y reservar los dedos acusadores para los adversarios y enemigos.
Hay pocas señales de que esto cambiará en un gobierno en el que las fronteras entre empresarios, amigos y funcionarios continúan borrándose. Los titulares de los últimos días lo confirman: la identidad de los beneficiarios de los grandes contratos con el Estado seguirá oculta; el centro de poder nacional está repleto de nexos con la empresa minera y sus proveedores; y en la faraónica delegación a Brasil viajó el Contralor de la República con familiares incluidos.
Por ello, en esta gran maraña de intereses económicos, políticos y particulares cruzados que es Panamá, hay que reconocer -aunque sean pocos- a los que todavía defienden el interés público.
