“Esto es demasiado descaro”. Así describió Cristian Ábrego la oferta de una agencia de publicidad para hablar a favor de la reapertura de la mina de Donoso. El creador de contenido hizo público el ofrecimiento, porque le pareció deshonesto intentar convencer a los ciudadanos “de que había visto la luz, cuando lo que le habían mostrado era un cheque”.

El testimonio de Ábrego y la investigación Taladores Digitales de La Prensa/Concolón ponen al descubierto cómo se promueven intereses particulares en asuntos de interés público, sin transparentar quién financia los mensajes ni qué agendas hay detrás. Esta práctica permite entender una de las principales causas de la crisis de comunicación del Estado: su privatización. Se han desdibujado los límites entre la información institucional, la propaganda gubernamental y la promoción de intereses particulares.

La comunicación del Estado es un bien público. Se paga con el dinero de todos para que las instituciones informen a los ciudadanos sobre asuntos que afectan su vida diaria: salud, transporte, educación, agua, seguridad y planes de prevención, contención y respuesta ante desastres, que, por cierto, han resultado ser un desastre.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones detrás de las decisiones de sus gobernantes y estos tienen el deber de responder preguntas y rendir cuentas. Así sucede en países con verdadera tradición democrática, donde los medios de comunicación financiados por el Estado prestan un servicio público, sin someterse a la línea política ni hacer publicidad al gobierno de turno. Incluso existe participación ciudadana en sus directivas.

Cuando un presidente corta una cinta o inaugura una obra, está haciendo el trabajo para el cual lo elegimos y por el cual le pagamos. No es un regalo que paga de su bolsillo, ni un acto de generosidad que hay que agradecer con una placa que lleve su nombre (o el de un familiar suyo).

Por ello tenemos derecho a saber qué criterios se utilizaron para realizar esa obra, cómo se contrató, si el precio es justo, si corresponde a la calidad requerida y quiénes son los empresarios o accionistas que se benefician de esa contratación. Con mucha frecuencia, los periodistas independientes, a su propio riesgo, tienen que buscar esas respuestas porque no son públicas.

En Panamá, una maraña de intereses privados se ha apoderado de la comunicación del Estado. Un ejército de relacionistas públicos, asesores políticos, consultores nacionales y extranjeros, agencias de publicidad, centros de llamadas o granjas de bots, comunicadores “emplanillados” e influencers replican la narrativa del gobierno y hacen lo posible por manipular la opinión pública. Cuando los medios no responden a sus requerimientos, les quitan la pauta, los amenazan o atacan a sus periodistas con campañas de desprestigio.

Los $37.5 millones destinados a publicidad estatal son apenas la cifra que se reconoce en un presupuesto que tiene más de ficción que de planificación de prioridades nacionales. ¿Cuánto cuesta realmente toda esta maquinaria de comunicación? ¿Qué intereses defiende? La falta de transparencia alimenta las sospechas sobre una propaganda que pagamos todos, pero que no responde a las necesidades de información de la ciudadanía.

Ensombrece aún más el panorama que algunos consultores e influencers parezcan moverse indistintamente entre la defensa de la mina y la del gobierno de Mulino. Las fronteras entre ambas agendas son difíciles de reconocer. Basta recordar la mala puesta en escena de tres ministros y un presidente con aires de monarca para disfrazar de “cierre ordenado” la reactivación minera en Donoso por al menos tres décadas más. ¿Qué harán ahora con ese guion escrito por asesores que tienen puestos todos los sombreros, menos el del interés ciudadano?

Difícilmente obtendremos respuestas del presidente Mulino. Han reemplazado sus conferencias de prensa, que entre limitaciones e insultos eran el único espacio para hacerle preguntas, por cortes de cinta y monólogos. Mientras tanto, se libra una guerra entre funcionarios y asesores de comunicación que se reparten las culpas por el fracaso de sus estrategias y movilizan a sus “barras bravas” en redes sociales. Parecen más preocupados por conservar sus puestos y contratos que por la credibilidad de los mensajes que cobran por transmitir.

Si la comunicación del Estado no está concebida como un servicio público que debe ofrecer información relevante y confiable, poco importa quién gane esta pelea. Ningún asesor o campaña puede resolver la falta de congruencia entre las palabras y las acciones del gobierno. Las adulaciones y los millones derrochados no construyen empatía, conexión y confianza. Por más que insistan en presentarlo solo como una crisis de comunicación, el problema de fondo está en una gestión desconectada de los sentimientos y las necesidades de la gente.