Hace cinco meses, en plena huelga docente, la defensa del derecho al aprendizaje dominaba la narrativa gubernamental. Voceros oficiales llenaban los espacios de opinión repitiendo que los niños y jóvenes eran la prioridad y que la educación no podía detenerse por ser un instrumento indispensable de movilidad social. Pero el compromiso con la educación resultó efímero.
Hoy se estrella contra la realidad de un presupuesto que le ha quitado $156 millones de dólares a las universidades públicas, $21 millones al Senacyt, y $47 millones al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Todo esto mientras el país es testigo de una serie de gastos y contrataciones que hieden a discrecionalidad y derroche. La supuesta preocupación por la educación se quedó en los discursos, pero nunca llegó a la chequera.
La Universidad de Panamá perderá casi $78 millones de dólares; la Tecnológica, $54 millones. El ITSE, un centro de formación técnica con un porcentaje de inserción laboral del 80 %, sufrirá un hachazo del 68 % de su presupuesto. Eso sí es detener el aprendizaje y las posibilidades de movilidad social de los jóvenes.
Las explicaciones del ministro de Economía, Felipe Chapman, van siempre en la misma línea: “les gustaría” otorgar más recursos a la educación superior, pero están limitados por “compromisos financieros ineludibles”. ¿Y esa misma lógica no aplica para excesos y caprichos que no tienen ningún impacto social? Curioso.
Los ejemplos sobran. El último de ellos son los $7.1 millones destinados a ampliar y remodelar la villa diplomática en Quarry Heights, justificados por la ministra de Cultura por tratarse de un “bien histórico”. Allí vivió el jefe del Comando Sur en tiempos de la Zona del Canal, pero parece que la historia reciente es la que importa: la posibilidad de darle otro contrato a CMG, la misma empresa que hará el hospital de mascotas por $14 millones.
Se destinan casi $95.5 millones al año a pólizas privadas para funcionarios, aún cuando muchas de esas coberturas carecen de sustento legal. La Caja de Ahorros dilapida más de $533 mil en dietas de directivos y $1.7 millones en representación de ejecutivos. Se aumenta de $4 a $7 millones el costo de la reparación de una aeronave del Senan, y en Brasil se compraron 6 aviones por más de $78 millones de dólares.
Podría llenar otra columna con la lista de derroches —notarías, consulados de marina mercante, aumentos en embajadas, publicidad estatal, planillas abultadas—; algunos heredados, pero todos multiplicados sin ningún intento serio por parte del Ejecutivo para frenarlos.
El discurso de la contención del gasto es selectivo y la preocupación por la educación resultó ser un eslogan oportunista. La austeridad no es una política del gobierno, sino una gran hipocresía. Sirve para justificar el recorte a la educación superior, mientras se mantienen intactos gastos excesivos, innecesarios y sospechosos. Hace cinco meses el coro oficial pedía a gritos no detener la educación; hoy demuestra que lo único que no se detiene es el despilfarro y la opacidad.
