En Panamá la selectividad de la justicia se ha vuelto tan frecuente que ya casi pasa desapercibida. Lo que antes indignaba hoy se asume como parte de la rutina, como la fábula de la rana en la olla: el agua se calienta poco a poco y, sin darse cuenta, el animal se queda quieto hasta que es demasiado tarde.
El arzobispo José Domingo Ulloa lo resumió con contundencia: “Para la justicia hay panameños de primera y de segunda: unos llevan ocho años de cárcel por robar una iguana y otros están libres tras tomar millones del erario”. Monseñor se refería a cómo la desigualdad socioeconómica termina convirtiéndose en desigualdad ante la ley. En el sentir popular, la justicia alcanza solo al “hijo de la cocinera”. Pero hay otra disparidad igualmente corrosiva: la selectividad política.
No es casual que se acumulen absoluciones, rebajas de penas y procesos congelados para los cercanos al Ejecutivo. Es como si algunos funcionarios del Órgano Judicial hubieran tomado nota del discurso inaugural de Mulino sobre “abrir los candados” de la justicia. La duda es si tienen todas las llaves, o solo las que le convienen al presidente.
Esta semana se desplomaron dos procesos judiciales emblemáticos beneficiando a allegados al mandatario. En el caso diablos rojos se absolvió a 185 imputados, entre ellos Jorge “Ricky” Fábrega y Ventura Vega, asesores de Mulino y enlaces con la Asamblea y este último también Secretario General de la Contraloría. Se cerró el caso de la Ciudad Deportiva de David, por peculado en Pandeportes durante el gobierno de Martinelli. Noticias que pasaron casi inadvertidas, como si favorecer a los cercanos al poder fuese un desenlace esperado.
Hay otros ejemplos: Valentín Martínez, hermano del canciller, fue absuelto en el caso New Business. Los exministros Pepe Suárez y Frank De Lima siguen libres pese a condenas en dos instancias; la esposa de De Lima trabaja hoy en la Presidencia. Y en la lista de beneficiados por rebajas de penas destacan exfuncionarios del gobierno 2009-2014 y hasta subalternos de Mulino cuando era ministro de Seguridad: Alberto Maggiori, Patria Portugal y los policías condenados por el asesinato de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.
El caso más burdo no necesita recordarse porque se exhibe solo: Ricardo Martinelli evadiendo su condena por lavado de activos en Colombia gracias a un salvoconducto expedido por la Cancillería.
Es en este contexto que Mulino nombró a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema: Gisela Agurto y Carlos Villalobos, sin atender recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia. La ratificación dependerá de la Comisión de Credenciales, presidida por su aliada Dana Castañeda, gracias al matraqueo del recién absuelto “Ricky” Fábrega. Todo esto mientras la Corte atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad tras el escándalo de las jubilaciones especiales.
La maquinaria de la justicia selectiva está más aceitada que nunca: se multiplican las llaves que abren la puerta a la impunidad, ya sea por dinero o cercanía política. Y mientras esas llaves sigan en las mismas manos, la justicia en Panamá no será un pilar de la democracia, sino una colección de privilegios.
Como la rana que no reacciona hasta que hierve el agua, nos estamos resignando a una justicia que beneficia descaradamente al poder. Y cuando despertemos, si es que lo hacemos, puede ser demasiado tarde.
