Panamá cumple más de un mes de protestas, cierres y agitación social alrededor de tres temas sumamente sensibles para los ciudadanos: la ley 462 que reforma el Seguro Social, los documentos firmados con los Estados Unidos y las aspiraciones de reactivación minera. Se trata de una situación compleja que requiere de una solución política dentro del marco de la democracia y no una respuesta gubernamental defensiva, llena de imposiciones, ataques y represión. El método está tan normalizado que hasta una consulta de zonificación en Boca la Caja terminó en una intervención policial abusiva.
Aunque la intransigencia y las posiciones extremas no son exclusivas del gobierno, la responsabilidad para buscarle una salida a esta crisis si recae en la máxima autoridad del país: el presidente José Raúl Mulino. El problema es que el mandatario sigue empeñado en demostrar que manda y no ha comprendido que el pueblo lo escogió para gobernar.
Según la RAE mandar es “ordenar al súbdito” ó “imponer un criterio”, significados más cercanos a un régimen autoritario. Gobernar en cambio es “dirigir un país” ó “guiar”, lo que en democracia implica el respeto al Estado de derecho y al disenso. Quien manda impone su poder mientras que quien gobierna se gana la autoridad.
Cuando se llega a la silla presidencial con el 34% de los votos y sin una clara mayoría legislativa, la diferencia entre mandar y gobernar se convierte en algo crucial para mantener la legitimidad del gobierno. Los electores panameños le dieron un mandato limitado al presidente que lo obliga a buscar consensos y a construir puentes en momentos de tanta tensión e incertidumbre.
No hay que tener una visión ingenua de las protestas descartando las motivaciones distintas al genuino descontento ciudadano, para entender que la situación del país necesita una salida política y no una meramente policial. Si la cámara de eco empresarial que rodea al presidente sigue reforzando esa visión miope de la realidad, la crisis se seguirá profundizando.
En este contexto, usar el podio presidencial para atacar al Suntracs, como preludio a una serie de allanamientos, órdenes de captura y el pedido de asilo de Saúl Méndez a Bolivia, debilita la percepción de separación de poderes que el mandatario dice respetar. No comparto ni la ideología, ni los métodos de la organización sindical, pero en una democracia el gobierno está obligado a cuidar las formas y el debido proceso. La defensa del Estado de derecho debe prevalecer sobre la búsqueda del aplauso fácil. Aquí lo importante, como dijo el canciller, es que nadie esté por encima de la ley: ni los líderes del partido de gobierno, ni el círculo social cercano al poder, ni los empresarios, ni los dirigentes sindicales.
Los llamados a un diálogo que han hecho las iglesias, la Universidad de Panamá e incluso las propuestas de diputados para incluir en sesiones extraordinarias un espacio para la discusión de artículos de la ley 462 que han generado malestar social son oportunidades para ventilar el caldeado ambiente nacional. En lugar de descartarlos de entrada, el presidente debería verlos como oportunidades para calmar las aguas.
La invitación que hizo el mandatario a los jefes de bancada de la Asamblea para una propuesta de nueva ley para el sector bananero fue un paso en la dirección correcta, ¿por qué no aplicar ese mismo método de escucha, diálogo y búsqueda de consenso a las otras causas del malestar ciudadano? Esa sería un buena forma de dejar de mandar y empezar a gobernar.
