Selinda Mavelis Córdoba Batista, una joven universitaria de 21 años, fue asesinada brutalmente por su expareja a plena luz del día en el parque público de Pocrí, en Coclé. La víctima había pedido una orden de alejamiento, pero la protección nunca llegó.
Sus gritos de terror sorprendieron a quienes salían de misa el domingo; algunos grabaron la escena, paralizados. Su madre la llevó al hospital, pero era demasiado tarde. También lo fueron los mecanismos de protección del Estado, ciegos ante las señales que estaban ahí.
Se trató de un crimen planificado y público, con todas las señales de una tragedia anunciada. La Fiscalía documentó un patrón de violencia sostenida: amenazas vía chat, chantajes con fotos íntimas y acoso tras la ruptura de la relación. Olivares Cortez Rodríguez viajó desde Los Santos el día del asesinato y la convenció de encontrarse en el parque Pocrí, donde la atacó brutalmente frente a los muchos testigos.
Aún así, hubo quienes encontraron excusas para responsabilizar la víctima: “algo habrá hecho ella”, “quién la manda a andar con ese hombre”, “¿por qué aceptó reunirse con él?”. No son simples comentarios irresponsables: son formas de restarle culpabilidad al presunto asesino y de trasladarla a quien ya no puede defenderse. Es matarla de nuevo: revictimizarla.
A muchos femicidios les sigue una segunda ejecución. Parte de la sociedad se encarga de repartir la responsabilidad entre la víctima y su agresor, banalizando el crimen y exonerando al culpable. Detrás de esa mirada hay una cultura machista que sigue viendo a las mujeres como propiedad del hombre y que, de forma casi automática, las responsabiliza por la violencia que padecen.
El asesinato de Selinda no es un caso aislado en Panamá. El promedio anual de femicidios ronda los 22 —con un enorme subregistro—; el análisis del Observatorio de Femicidios revela los patrones consistentes del fenómeno. En 2024, la mayoría de las víctimas tenía entre 20 y 39 años. En casi la mitad de los casos el agresor era su pareja o expareja. Diez fueron asesinadas en espacios públicos y ocho dentro de su vivienda. Al menos veinte niños quedaron huérfanos.
La evidencia demuestra que las boletas de alejamiento son insuficientes. Los brazaletes electrónicos no se monitorean adecuadamente y los refugios sobreviven con presupuestos mínimos. Según cifras oficiales, más de diez mil mujeres denunciaron violencia doméstica en 2025, pero el 57% no recibió ayuda efectiva. Y mientras tanto, el Ministerio de la Mujer —reducido ahora a una secretaría dentro del MIDES— enfrenta un recorte del 36% de su presupuesto para 2026. Menos recursos y menos personal capacitado para proteger a las víctimas. ¿En qué habrá basado el Ejecutivo esta decisión en un país plagado de violencia de género?
Definitivamente no hay políticas públicas que enfrenten el problema de raíz, ni una verdadera conciencia social de su gravedad. Por inercia se sigue usando el hashtag #NiUnaMás, que cada nuevo asesinato desmiente. El país entierra mujeres y sigue preguntándose qué hicieron ellas para morir. A la incapacidad institucional para proteger a las víctimas se suma la exculpación que hace una parte de nuestra sociedad del agresor. Se las mata dos veces.
