El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, arranca su gestión con un tropiezo monumental. El primer anteproyecto que impulsa multiplicaba por cinco las dietas de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (donde él mismo tiene un puesto), pero las críticas ciudadanas tras publicaciones de este medio lo obligaron a retroceder. Prometió eliminar ese artículo —que aumentaba de $100 a $500 el pago por asistir a una reunión—, pero lo demás se mantiene intacto: duplicar los fondos a los municipios sin suficientes mecanismos de control ni respaldo presupuestario.
El momento no podía ser peor. El país aún no termina de digerir las escandalosas jubilaciones especiales de los magistrados (que las acaban de dejar sin efecto) y ahora es el presidente del Legislativo el que saca del sombrero una propuesta para incrementar el reparto de dinero, en plena contención del gasto público. El viceministro de Finanzas Fausto Fernández ya advirtió que no existe un solo centavo adjudicado en el presupuesto para cubrir la propuesta.
La esencia de la descentralización es positiva: poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, traspasando a los gobiernos locales competencias y fondos para invertir en sus comunidades. No obstante, la corrupción y la politiquería deformaron su espíritu, desembocando en la llamada “descentralización paralela” del gobierno pasado. Se traspasaron millones de dólares de manera discrecional, con fines electorales y por fuera de los parámetros establecidos por ley. Así, un proceso concebido para las comunidades terminó siendo un banquete para los políticos cercanos al poder.
Paradójicamente, el anteproyecto de Herrera llega justo cuando se agudizan las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el manejo irregular de los dineros de la descentralización. Una veintena de exrepresentantes y tesoreros han sido imputados. Seguro vendrán más. ¿Cómo se le ocurre proponer duplicar los fondos para las autoridades locales en un momento como este?
En estos asuntos el presidente de la Asamblea tiene sobrada experiencia…de la buena y la mala. Fue alcalde de Aguadulce por varios periodos y presidió la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA). Entre los alcaldes reelectos, (Herrera fue electo a ambos puestos pero escogió la curul de diputado), fue el segundo más beneficiado por la descentralización paralela: recibió casi 2,8 millones de dólares en transferencias discrecionales entre 2021 y 2023. Difícil hablar de imparcialidad cuando se ha estado sentado en la mesa del reparto.
Si de verdad se quiere reformar la ley de descentralización para devolverle su esencia, el camino no es duplicar fondos. Lo que hay que hacer es desmontar la piñata que convirtió la descentralización en sinónimo de clientelismo y corrupción. Y si el presidente de la Asamblea quiere dar una señal de que su intención es el manejo transparente y austero de los recursos, bien podría eliminar el porcentaje que se entrega automáticamente a la AMUPA, una entidad no gubernamental que él presidió y que es sostenida con recursos públicos.
La conclusión es clara: se quitará el descarado aumento de las dietas por la presión ciudadana, pero el resto de la propuesta -sin respaldo presupuestario- es un despropósito que genera mucha suspicacia. A menos que durante el debate del anteproyecto se refuercen sustancialmente los controles que eviten el despilfarro, esto será visto como un nuevo insulto al país. Más aún, después de la crisis de las jubilaciones especiales. Definitivamente, además de plata, lo que falta es vergüenza.
