“Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”, sentenció el presidente José Raúl Mulino ante representantes de 19 países reunidos en Panamá para el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Palabras grandilocuentes, pero difíciles de conciliar con la realidad de quién las pronuncia. Y es que Mulino acaba de coronar en la Presidencia de la Asamblea a Shirley Castañeda, quien fuera abogada de Cholo Chorrillo, uno de los narcotraficantes más notorios del país.
El pacto legislativo celebrado a lo grande en el Palacio de las Garzas incluyó a otros, como Raúl Pineda, ligado a la operación antinarcóticos Jericó. ¿Le habrá enseñado Mulino la fotografía del almuerzo con los que “sí son parte” al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sheriff del foro? Sospecho que no, pues la imagen mostraría la enorme contradicción entre lo que proclama el mandatario y los pactos políticos que negocia.
Pero el episodio no termina con el conocido doble estándar del presidente. Mulino dio un paso mucho más peligroso: en el mismo discurso convirtió a sus críticos en sospechosos de colaborar con el narcotráfico. En alusión a ellos, alertó sobre un “falso patriotismo dispuesto a entregar una nación a un puñado de narcotraficantes a cambio de dinero sucio” y señaló a “organismos internacionales que financian bufetes de abogados, comunicadores y organizaciones que aparentan defender causas sociales”, “pero cuya finalidad es servirles a los carteles”.
¿Habrá revisado primero entre sus comensales del almuerzo antes de lanzar estas acusaciones tan graves y temerarias? Y es que, si Mulino sabe quiénes son los abogados, comunicadores y organizaciones financiados por los carteles, que dé los nombres e interponga las denuncias correspondientes. Para ello, el Ministerio de la Presidencia tiene 27 asesores en planilla que cuestan $1.2 millones al año. ¿Alguno podrá indicarle el camino al Ministerio Público?
Porque, si no hay nombres ni pruebas, lo que queda es un enorme manto de sospecha sobre cualquiera que incomode al gobierno. Criminalizar la crítica, ni más ni menos. Cuestionar decisiones relacionadas con la militarización de la protección del Canal o exigir respeto a la Constitución no convierte a nadie en aliado de los carteles. Mucho menos en un “falso patriota”.
En la Asamblea, los voceros oficialistas repiten este libreto. Ahora resulta que los culpables de la escandalosa reforma a su reglamento interno fueron precisamente quienes durante meses intentaron mejorarlo: los “chiquillos” de Vamos y Seguimos.
La reforma era, efectivamente, una de las principales banderas anticorrupción de los independientes. Pero la aplanadora oficialista aprovechó el debate para aprobar un reglamento mucho peor que el existente: uno que hasta concede a los diputados el don de la ubicuidad, permitiéndoles cobrar como si estuvieran en el pleno mientras hacen politiquería en sus circuitos.
Y la jugada es redonda. Si Mulino sanciona las reformas al reglamento, la mayoría obtiene poderes ampliados, que hasta violan la Constitución. Si las veta, el presidente podrá presentarse como quien frenó los excesos y los diputados oficialistas podrán alegar que ellos sí “intentaron reformarse”.
Mientras tanto, seguirán cómodamente bajo el reglamento vigente, conservando fueros, prerrogativas y nombramientos. Gana Mulino. Gana la mayoría que preside Shirley Castañeda. Y quienes querían adecentar la Asamblea terminan siendo señalados como culpables del desastre.
Pájaros tirándole a las escopetas. La vieja táctica de invertir las responsabilidades. Quienes pactan señalan. Quienes deben explicar acusan. Quienes se resisten a cambiar culpan a quienes exigieron cambios. Y quienes fiscalizan terminan bajo sospecha.
Si de verdad queremos escoger entre ser una “nación libre o un narcoestado”, como dice Mulino, podríamos empezar por identificar y denunciar a esos supuestos “servidores de los carteles”. Empezando con sus propios aliados políticos.
Recursos no faltan. Entre el Ejecutivo y el Legislativo gastan unos $22 millones anuales en asesores y el próximo presupuesto contempla $37 millones en publicidad estatal. No hay justificación condescendiente de Felipe Chapman que oculte esas cifras. Así que, si necesitan asesoría legal o recursos para denunciar o explicarnos quiénes son, lo que sobra es la danza de millones de la que disfrutan los artífices de este mundo al revés.
Esos deberían ser los “falsos patriotas”. Quienes, en lugar de rendir cuentas, quieren seguir echando los mismos cuentos de siempre. Pero no. En el mundo al revés de Mulino, los culpables son quienes se atreven a exigirlas. Los pájaros, una vez más, quedan tirándole a las escopetas.
