Quienes están detrás del cobarde atentado contra Rolando Rodríguez buscan que el miedo y la autocensura alcancen a todos los periodistas y ciudadanos. Sueñan con que el más reconocido periodista de investigación de Panamá deje de rastrear sus andanzas y de publicar información sobre los entramados de corrupción y los negocios con el poder.
Pretenden además, que el silencio se extienda a todos los comunicadores y medios, para poder ellos hacer y deshacer con el dinero de todos. En este primer objetivo han fracasado, al menos inicialmente.
La investigación de Rolando Carretero, Iverco y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos fue publicada simultáneamente por 33 medios en 15 países. Si el propósito del atentado era amedrentar a Rolando e impedir la publicación de sus investigaciones, el resultado fue todo lo contrario. Para usar una expresión popular: les salió el tiro por la culata.
Pero los autores intelectuales del atentado terrorista contra el hogar de la familia Rodríguez persiguen un segundo objetivo: la impunidad. Sería gravísimo que la justicia se detuviera en el taxista y otros posibles ejecutores materiales, sin llegar a quienes planificaron, ordenaron o financiaron el ataque. O, peor aún, que terminara conformándose con chivos expiatorios. Si eso ocurre, la impunidad habrá triunfado y como sociedad entraremos en un camino de no retorno.
Por eso resulta tan pertinente lo señalado por la ex relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero: “La hipótesis más importante de investigación es investigar aquello que el periodista estaba sacando a la luz”.
Rolando ha venido revelando los nexos de un poderoso clan familiar con el gobierno de Mulino. Un grupo que acumula contratos millonarios y adendas con el Estado, pese a que sus miembros más visibles, los hermanos Carretero Napolitano, han ocupado titulares nacionales e internacionales, tanto por su aparición en escándalos de corrupción en Panamá como por su inclusión en la lista de sanciones de la OFAC por sus vínculos con el ex dictador Nicolás Maduro y el envío de petróleo a Cuba.
Es un ejemplo perfecto de los entramados de intereses y protección que se tejen entre el poder económico y el político. Esto plantea una preocupación que no podemos ignorar: ¿tendrá la justicia la independencia y el coraje necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si las investigaciones conducen a personajes cercanos al gobierno?
El Procurador Luis Carlos Gómez Rudy tiene la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Ojalá la tome. El presidente Mulino por su parte ha prometido “que se llevará hasta el final” la investigación del caso, pero sus actuaciones nos llevan a tomar con pinzas esa declaración. Han sido dos años de ataques sistemáticos al periodismo independiente, de desprecio al disenso y de descalificaciones contra cualquier ciudadano que se atreva a cuestionarlo.
¿Habrá recapacitado el mandatario sobre su responsabilidad en crear un clima de violencia verbal contra los periodistas, caldo de cultivo para la violencia física? ¿Será consciente de la generalizada percepción de que existen a su alrededor personajes intocables por la justicia? ¿Qué tan genuina es su preocupación por la libertad de expresión cuando, inmediatamente después de reunirse con medios y periodistas, eligió anunciar negociaciones para la reapertura de la mina en vez de presentar una iniciativa para garantizar y proteger el ejercicio del periodismo?
Todo apunta a que ese mensaje buscaba echarle tierra al atentado, saturando la agenda pública con otro asunto de enorme trascendencia nacional. Pero los panameños podemos seguir ambos temas sin perder de vista lo que está en juego.
Me quedo con una frase del propio Rolando que resume las prioridades que parecen imperar: “Las personas que ponen al santo dinero del Estado como su dios, no van a permitir que un periódico los desenmascare”. El viejo manual de distraer a la opinión pública podrá funcionar con medios complacientes, dispuestos a seguirle el juego al gobierno. Pero aquí hay un acto terrorista que exige llegar hasta los autores intelectuales. Ni las campañas de los mercenarios digitales ni los bajos ataques de prófugos de la justicia conseguirán que este atentado sin precedentes en Panamá pase a un segundo plano.
Quienes creen que este es un asunto exclusivo de los periodistas se equivocan. El atentado contra el hogar de los Rodríguez es la expresión más alarmante de un deterioro que lleva años socavando nuestras libertades, la seguridad y la convivencia democrática. Y ese deterioro tiene un precio que pagamos todos: la corrupción se roba los recursos que faltan para salud, educación y seguridad, mientras la inseguridad amenaza la paz social de la que dependen las inversiones, el comercio y el turismo.
¿Quién puede sentirse seguro, invertir o construir un futuro en un país donde investigar al poder puede costarle la vida a un periodista y quienes ordenan semejante atrocidad podrían quedar impunes? Lo que está en juego es mucho más que el esclarecimiento de un atentado. Es el país en el que tendremos que vivir. Por eso, hasta que la justicia llegue a quienes ordenaron o financiaron el ataque, está prohibido pasar la página.



