Remodelar la villa diplomática nos costará a todos los contribuyentes $7.1 millones de dólares. Pero más escandaloso que el empecinamiento presidencial por revivir, con costos exorbitantes, el pasado colonial de la Zona del Canal, son las mentiras y contradicciones de los funcionarios para justificarlo.
El primero fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien aseguró que el dinero para la restauración saldría de los “ahorros” obtenidos tras despedir botellas. Pero los números lo desmienten: el funcionamiento de su ministerio (la planilla) refleja un aumento de $9.5 millones para 2026. Ahorro no hay. Lo que se hubiera podido ahorrar el ministro es esa torpe justificación.
Le siguió el presidente José Raúl Mulino, quien fiel a su estilo, defendió el proyecto atacando. Calificó de demagogos a quienes han sugerido usar esos fondos para necesidades urgentes. “No se trata de coger presupuesto y dárselo a los niños pobres como una Teletón”, dijo, lamentando que “la taquilla obnubile la mentalidad de algunos proponiendo locuras”. Obnubilar significa “turbar o cegar la mente”. Presidente: eso sonó más a proyección que a explicación.
Cerró el ministro de Economía, Felipe Chapman, quien en un fallido intento por sacudirse el escándalo terminó metido en el mismo. Molesto, dijo que ese dinero no está en el presupuesto porque se pagaría paulatinamente, y retó a que le muestren la línea donde están los $7 millones. Ministro: las líneas claves son las de la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas, que establecen que no puede darse un acto público sin una partida presupuestaria. Hubo una licitación, y por ende, debe haber una asignación de recursos.
Aunque la obra se pague en varios años es necesario incluir una referencia a la partida para el año en curso y la certificación de fondos futuros. En Panamá Compra están los números de la partida presupuestaria y la carta del director de Presupuesto del MEF al ministerio de la Presidencia sobre la villa.
Superada la comprensión legal incompleta del ministro, volvamos a la lógica defensiva del presidente. Aún si aceptamos esa visión que impide contrastar los millones despilfarrados en la villa con las muchas necesidades del país, el proyecto queda mal parado. Y es que esta obra costará diez veces más que otra remodelación: la antigua nunciatura, donde se refugió Noriega durante la invasión, se convertirá en la Casa del Adulto Mayor por $727 mil. Un proyecto con costos razonables en beneficio de una población vulnerable.
En contraste, seguimos sin entender: además de los visitantes ilustres que ocasionalmente se alojarán, ¿a quién beneficia la ostentosa remodelación de la viila? Por ahora, solo al ego presidencial y a una afortunada empresa: Construction Management Group (CMG). Con la villa, el hospital de mascotas y la restauración de la iglesia de Portobelo ya suman $33.5 millones en contratos estatales.
Hay demasiada desesperación por justificar la villa. Tanta, que el escándalo no se ha desinflado como suele ocurrir en Panamá: las propias contradicciones oficiales lo mantienen vivo. La villa diplomática, por cuenta de los cuentos oficiales, podría terminar convirtiéndose en un símbolo nacional de una administración que defiende el despilfarro tildando de demagogos a quienes lo cuestionan. Se disfraza de rescate histórico, pero la única historia que está contando es la de “poco importa” con las necesidades y el sentir de los ciudadanos.
