En Panamá, a pesar de que menos del 10% de la población cuenta con un seguro médico privado, el ramo de salud representa el mayor volumen en primas dentro del sector asegurador. Según cifras oficiales, este segmento genera cerca de $465 millones en primas anuales, de los cuales más de $325 millones se destinan al pago de siniestros. Esto significa que alrededor del 70% de las primas se utiliza para cubrir reclamos, sin contar costos operativos, administrativos y de reaseguro, lo que deja márgenes cada vez más estrechos para las aseguradoras.
La paradoja es clara: aunque el sistema privado cubre a una minoría, resulta vital para descongestionar la infraestructura pública y garantizar el acceso oportuno a atención médica especializada. Sin embargo, este modelo está bajo presión. Las primas suben cada año, las coberturas se restringen, y muchos —en especial adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes— sienten que están siendo excluidos del sistema.
¿Por qué tanta inflación médica?
La evidencia apunta a un aumento sostenido en la frecuencia de enfermedades crónicas como el cáncer (neoplasias), enfermedades infecciosas y parasitarias, diabetes, problemas cardiovasculares y trastornos mentales, entre otras. A esto se suma el hecho de que vivimos más años, pero también requerimos tratamientos más prolongados, complejos y costosos. En otras palabras, los eventos de salud ocurren con mayor frecuencia, severidad y duración.
Además, muchas enfermedades que antes eran letales hoy son tratables, aunque a un precio elevado. Las terapias avanzadas y los medicamentos de última generación brindan esperanza, pero también ejercen una presión financiera significativa sobre el sistema asegurador.
Otro factor crítico es el descontrol en los costos médicos locales. Comparado con países como Colombia o España, en Panamá los honorarios médicos, hospitalarios y los medicamentos pueden costar el doble o el triple. Esta situación incide directamente en el alza de las primas. También preocupa la opacidad en torno a los llamados “costos URA” (Usuales, Razonables y Acostumbrados), definidos por cada aseguradora de forma unilateral, sin acceso público ni transparencia.
El resultado es una creciente sensación de impotencia: muchos asegurados no pueden cambiar de compañía por sus condiciones médicas previas, pero tampoco pueden seguir pagando primas que aumentan entre 15% y 20% anual. Así se produce una “espiral de la muerte”: los asegurados sanos abandonan la póliza buscando mejores precios, mientras los más enfermos se quedan, elevando la siniestralidad y debilitando la viabilidad del plan.
¿Qué hacer?
Como asesores, tenemos la responsabilidad de promover un uso más consciente del seguro. Este no debe verse como un “todo incluido” para gastos menores, sino como una herramienta de protección ante eventos médicos significativos. Es clave fomentar el uso de redes médicas, solicitar segundas opiniones, presupuestos previos, telemedicina y, sobre todo, una gestión responsable del beneficio contratado.
Las aseguradoras, por su parte, deben revisar y unificar sus modelos de ajuste por edad e inflación, así como implementar herramientas más efectivas de contención de costos. Aunque el mercado se rige por oferta y demanda, la falta de verdadera portabilidad —por causa de las preexistencias— genera riesgos de abuso y exclusión.
El regulador puede jugar un rol clave al considerar medidas como:
Exigir justificación actuarial ampliada para aumentos que superen ciertos umbrales (ej. 15%);
Establecer mecanismos de portabilidad limitados entre compañías, bajo reglas claras;
Crear un sistema nacional de tarifas médicas de referencia;
Garantizar el acceso público, claro y comprensible a los URA de cada aseguradora.
Además, el ecosistema de salud debe modernizarse. En mercados avanzados, los actores —aseguradoras, médicos, hospitales, laboratorios y farmacias— están interconectados mediante plataformas digitales seguras. Esto permite autorizaciones automáticas, agiliza procesos, reduce costos y mejora la experiencia del paciente. La inteligencia artificial (IA), la robótica y la bioelectrónica están elevando los niveles de eficiencia en la atención médica y pueden tener un rol transformador en este modelo.
Y lo más importante: la salud preventiva
Panamá presenta indicadores preocupantes —dieta deficiente, sedentarismo, obesidad y alto consumo de azúcar y alcohol— que incrementan el riesgo de enfermedades evitables. Es urgente fomentar políticas públicas de prevención sostenida, desde las escuelas hasta los hogares. El enfoque preventivo y terapéutico con programas que priorizan la alimentación, la reducción del estrés y la actividad física es conocido como la especialidad médica del estilo de vida. La mejor medicina es evitar enfermarse… y también la más económica.
Conclusión
La salud privada en Panamá está en jaque. Pero aún hay tiempo para equilibrar el sistema y hacerlo más inclusivo, sostenible y transparente. Esto requiere corresponsabilidad: del asegurado, del médico, del hospital, de la aseguradora, del regulador, del Estado y de todos los actores del ecosistema de salud.
Solo así lograremos que el derecho a una buena salud no sea un lujo, sino un verdadero bien común.
El autor es especialista en riesgos y seguros.
