Panamá tiene una enorme riqueza forestal, ecológica y ambiental, que, en relación con su muy limitada extensión geográfica o territorial, no es para nada beneficioso convertirnos en un país que promueva y ejerza la minería metálica a cierto abierto.
Debiendo aprobarse, por consiguiente, una moratoria minera permanente, por lo menos, afuera del territorio que abarca Minera Panamá, por su situación de hecho de la que viven miles de colaboradores y proveedores panameños.
Todo indica que el gobierno entraría en pánico ante una supuesta demanda que, de boca del ministro del Mici, podría presentar la minera por el orden de los $100 mil millones contra el Estado panameño. Para evitarlo, este gobierno aprobó un contrato que, entre otras cosas, no nos permite cobrar regalías entre los años 2018 a 2021 posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad.
Por ejemplo, First Quantum Minerals Ltd. le pagó́ en 2021 al gobierno de Zambia por la mina Sentinel la suma de $584 millones y $552 millones por la de Kansanshi. Esto significa que la empresa le pagó a Zambia $2,056 por tonelada de cobre en Sentinel y $2,053 por tonelada en Kansanshi (de una producción total de 233 mil y de 202 mil toneladas métricas, respectivamente).
En el caso de Panamá, con el nuevo contrato ley (unos $375 millones anuales), usando las cifras del 2021 (año en el que Panamá solamente recibió $62 millones ante una producción aproximada de 331 mil toneladas métricas), el pago por tonelada métrica sería de $1,133 millones, es decir, $920 menos que Kansanshi y $923 menos que Sentinel.
Números que la minera achaca, entre otras cosas, a que los niveles salariales de Zambia son significativamente inferiores a Panamá; que las leyes de minerales son significadamente menores en el yacimiento de Cobre Panamá, comparado con Zambia, y que una mina con mayores leyes de mineral siempre será más rentable que una mina con menores leyes de mineral. O que Zambia tiene mayor historia en minería, por lo que las capacidades del recurso humano ya estaban disponibles, mientras que en Panamá, Cobre Panamá está invirtiendo significativamente en capacitar a su recurso humano. Aún así, la diferencia en el comparativo es enorme.
Lastimosamente, parece haber privado de parte de la empresa, la amenaza y promoción del miedo para mantenerse un largo tiempo sin contrato. Todas esas exploraciones y estudios de suelos y ambientales, pero sobre todo, la inversión y el recibo de las primeras regalías, que duraron años, en lo que respecta al actual concesionario que adquiere los activos del anterior en 2014, se hicieron a sabiendas que existía un recurso de inconstitucionalidad que podía tumbar el contrato y a sabiendas de que el fallo de 2017 en contra del contrato era definitivo y obligatorio, a pesar de los recursos dilatorios de aclaración y a pesar del tiempo que la Corte iba a tomar para decidirlos. Y no olvidemos tampoco que cuando la empresa estaba en periodo de exploración, que debió darse principalmente en la época de Petaquilla, hubo toda una serie de irregularidades que han incluido un proceso penal contra su antiguo dueño, así como la aparente intervención sospechosa y tóxica de un expresidente de la República.
Adicionalmente, la empresa parece no haber tenido la disposición de entender que la figura jurídica que cabía luego de la declaratoria de inconstitucionalidad era la licitación, porque así lo decidió el fallo de la Corte. De hecho, Minera Panama hubiera podido participar en esa licitación con una enorme ventaja y ganarla. Pero todo indica que no le dio la gana y el gobierno cedió. Entonces la empresa, luego del fallo en 2017, redobló o triplicó la inversión multimillonaria y contrató a seis mil panameños a sabiendas de un ambiente jurídicamente irreparable e irreversible en su contra, en lugar de sentarse con el Estado y resolver dentro de la ley.
La empresa parece no haber sido sincera con sus colaboradores y proveedores, panameños y panameñas de alto nivel técnico y profesional, en cuanto a la realidad irremediable de perder la concesión, provocada por el fallo de la Corte.
Esto significa que, por más positivo que fuese el contrato para el Estado, cosa que no lo es, siempre existirá la posibilidad de que cualquier ciudadano panameño, a nivel individual o de grupo, presente otro recurso de inconstitucionalidad (y ya lo han hecho) y lo gane por los mismos motivos que expresa la decisión anterior.
Por consiguiente, quien gobierne después de mayo 2024 se vería obligado a llamar una licitación, quiéralo o no la minera que, de no quererlo tendremos que enfrentar esa demanda. Igualmente sucederá eso, en caso de que la concesionaria, por ejemplo, no acepte la figura de un plan de cierre, el cual podría tardar años y permitir que los colaboradores y proveedores tengan el tiempo suficiente para prepararse, mientras un nuevo gobierno se enfoque verdaderamente en un plan de reactivación económica que acoja a la mayoría de los panameños, incluyéndolos.
Al final, es la propia minera la que ha contratado colaboradores y proveedores fuera del marco de la seguridad jurídica, porque parece haber actuado mediante la amenaza de los $100 mil millones. ¿Quién ganará esa demanda y cuánto será la cuantía? No lo sabemos, porque, aunque Panama tiene elementos importantes para defenderse, su actitud ambivalente podría ser dañina. No sin antes decir que esa ambivalencia, que involucra por lo menos a los tres últimos gobiernos, ha sido posiblemente participada y cuidado que hasta promovida por la propia empresa. Y estos elementos tendrán que salir en los procesos arbitrales que nos impondrá el concesionario.
En conclusión, ante la lluvia de recursos de inconstitucionalidad que ya están presentándose y la fuerte posibilidad de que este nuevo contrato sea declarado inconstitucional, el gobierno se vería obligado a abrir una licitación internacional, aunque el actual contratista prefiera no aceptar y demandarnos.
