En las grandes ciudades damos la conectividad por sentada. Es un estado natural, casi invisible: nos movemos entre notificaciones constantes, videollamadas fluidas y la comodidad de resolver cualquier trámite o emergencia con un par de toques en la pantalla. Sin embargo, a solo unas pocas horas de esos mismos centros urbanos, la vida transcurre en una pausa forzada y silenciosa. En los pueblos y comarcas de nuestro país, enviar un simple mensaje de texto no es un acto automático. Exige caminar kilómetros, subir a lo alto de un cerro, buscar con desesperación esa roca o ese árbol exacto donde la barra de señal parpadea un segundo, o resignarse a esperar la caída de la noche.

Esta realidad nos obliga a detenernos y a cuestionar una narrativa muy cómoda que, si bien nadie la sostiene en público, subyace en muchas decisiones de las grandes empresas de telecomunicaciones y de los gobiernos: la idea de que internet y la comunicación son un lujo, un extra tecnológico o un “privilegio” para quienes pueden pagarlo. Yo sostengo firmemente lo contrario. La conectividad no es un capricho de la modernidad ni un producto comercial más; es un derecho humano fundamental, un servicio esencial tan básico como el agua potable o la electricidad. Tratarla de otro modo es condenar a miles de personas a una marginación invisible.

Los números detrás de esta ausencia de señal son alarmantes y revelan una herida profunda que divide a Panamá en dos realidades completamente distintas. Mientras que en zonas urbanas como la ciudad de Panamá o David la conectividad y el acceso a internet forman parte de la cotidianidad de la gran mayoría de la población, el censo de 2023 reveló que el 30% de los hogares del país no cuenta con acceso a internet fijo o móvil. Al adentrarnos en las áreas rurales y, de forma dramática, en las comarcas indígenas, el panorama desolador sale a la luz: en la provincia de Panamá, cerca del 79% de la población había usado internet; en la comarca Ngäbe-Buglé, apenas alrededor del 11%. No estamos hablando de una incomodidad menor, sino de una brecha estructural que aísla por completo a miles de panameños del desarrollo nacional.

Para comprender el impacto real de esta situación, imaginemos a una madre que, bajo la lluvia y cargando a su hijo con fiebre alta, debe subir una colina con la esperanza de que un mensaje de WhatsApp llegue a medias al centro de salud más cercano. Pensemos también en los jóvenes estudiantes de estas regiones, quienes, al concluir las clases, ven sus cuadernos y aspiraciones detenidos ante la imposibilidad de descargar un archivo digital, mientras el sistema educativo exige una digitalización inalcanzable en sus hogares. La falta de conectividad trunca futuros, asfixia las economías locales y profundiza una desigualdad insostenible.

Frente a este panorama, no podemos quedarnos en la nostalgia o en la queja de escritorio. Es hora de exigir respuestas claras a quienes tienen el poder de cambiar las cosas. ¿Dónde están esos planes de expansión de las operadoras que priorizan el balance financiero por encima de la dignidad de las personas? ¿Qué papel juega el Estado, que a menudo se conforma con promesas vacías de cobertura universal mientras vastas extensiones del territorio nacional siguen a oscuras digitalmente? La falta de una infraestructura pública robusta y los marcos regulatorios débiles siguen priorizando la ganancia privada por encima del bienestar social.

Desde los despachos corporativos se suele argumentar que llevar fibra óptica o torres de comunicación a zonas montañosas y comarcales no es rentable. Pero ese argumento se desmorona en cuanto recordamos que los derechos humanos no se miden en retorno de inversión. Dejar que el mercado decida quién tiene voz y quién se queda en silencio equivale a privatizar el derecho al desarrollo.

Esa señal que parpadea en la penumbra no es un simple detalle técnico: es el reflejo de un Estado que llega tarde y de un mercado indiferente. Es hora de dejar de tratar la conectividad como un premio de la modernidad y empezar a exigirla como lo que verdaderamente es: el puente indispensable para que nadie, absolutamente nadie en nuestro país, sea borrado del mapa.

La autora es egresada de la Escuela de Gobernanza de Internet de Panamá (PANASIG) de Internet Society Panamá.