El constante incremento del costo de la canasta básica representa una carga cada vez más difícil de sobrellevar para la población panameña. Este aumento dificulta que numerosas familias puedan garantizar un sustento digno y saludable de las tres comidas diarias, o sean los “tres golpes”, indispensables para una alimentación adecuada. Ante esta problemática, el gobierno ha optado por ofrecer una respuesta insuficiente, como son las mal llamadas agroferias.
Esta iniciativa ha demostrado ser una solución ineficiente y de alcance limitado, ya que se realizan de forma esporádica y únicamente en ciertas ubicaciones. Más que una solución genuina, estas ferias se perciben como un paliativo ridículo y político, incapaz de beneficiar a la mayoría de la población al dejar fuera a quienes más lo necesitan.
Nuestras agroferias, lejos de tener un sentido social, parecen replicar las experiencias de Cuba o Venezuela, donde las largas filas y los madrugonazos son parte del día a día de una población carente de dignidad y obligada a buscar su subsistencia en condiciones precarias. En Panamá, a pesar de su riqueza abundante pero extremadamente mal distribuida, los ciudadanos ahora enfrentan situaciones similares, haciendo filas bajo las inclemencias del tiempo para poder adquirir productos básicos y así asegurar sus “tres golpes”.
La principal dificultad que enfrentan las agroferias en Panamá radica en su estructura organizacional actual y en la desconexión significativa con las verdaderas necesidades de la población. Muchas veces, funcionarios emiten declaraciones demagógicas, afirmando que gracias a las agroferias los panameños pueden alimentarse adecuadamente tres veces al día.
Incluso llegan a sugerir que, si se termina el arroz, existen otros productos de la canasta básica disponibles para su compra. Sin embargo, este tipo de comentarios ignora la realidad del país, ya que el arroz es un componente fundamental en la dieta de los panameños. De hecho, la expresión “sin arroz no hay comida” ilustra la importancia central de este alimento en la alimentación diaria. A estos funcionarios del IMA definitivamente no los contratarían para trabajar en supermercados como Extra o Riba Smith.
Una de las principales críticas hacia las agroferias es la ausencia de estructuras permanentes y la limitada disponibilidad al público, ya que abren esporádicamente en lugar de estar abiertas los siete días de la semana, con horarios que se ajusten a los ciudadanos. El modelo actual restringe el acceso de la población a productos frescos y asequibles, incrementando las dificultades para quienes no pueden madrugar o soportar largas filas para obtener sus alimentos.
Una propuesta con sentido social podría ser invertir los $7 millones ahorrados por el Ministerio de la Presidencia en el bienestar de la población, específicamente en la creación de instalaciones permanentes para las agroferias. Asumiendo que el costo promedio de una estructura básica sería de aproximadamente $20,000, con ese dinero sería posible construir 350 locales distribuidos en todo el país, dando así continuidad y permanencia a un servicio básico para las comunidades. Daríamos un gran paso si los directivos del IMA se dieran una vuelta por El Salvador y aprendieran cómo funcionan los agromercados en ese país.
Aprovechando la experiencia de Panamá como centro logístico, no sería necesario recurrir a expertos internacionales para diseñar una cadena de suministros eficiente. Con una red de centros de abasto, se garantizaría que los locales permanezcan bien surtidos, permitiendo a la población adquirir productos frescos y baratos en todo el territorio nacional. Además, se propone que los fondos desviados de los consulados y notarías, actualmente utilizados para beneficios particulares a través de esquemas de “cash back”, se redirijan para financiar el pago inmediato a los productores y optimizar la cadena de suministros.
De esta manera, se podría racionalizar el costo de la canasta básica y asegurar un mayor beneficio social. Además, se generarían más de mil empleos distribuidos en todo el país, utilizando mano de obra aledaña a cada agroferia. Esta actividad sería autofinanciable, siempre y cuando la organicen bien y no se roben la plata de las ventas.
Con una medida como esta, el Estado se apuntaría “un poroto bien grande” que le generaría capital político de una población agradecida, ya que tendría un alcance profundo y beneficiaría tanto a los pequeños y medianos productores como aliviaría el costo de los “tres golpes” a la población.
Difícilmente se encuentran soluciones que representen un “ganar-ganar”, y esta sería un buen ejemplo de ello, aplicando la economía como si la gente importara.
El autor es ciudadano.
