JUSTICIA

El sigiloso origen de la corrupción

El sigiloso origen de la corrupción
El sigiloso origen de la corrupción

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta célebre frase invita cómodamente al debate de ideas rodeando escenarios relacionados a corrupción. Luego del veredicto de hace unos días, favoreciendo al expresidente panameño y tildado por muchos como orquestado por incompetencia judicial o por inevitables influencias de poder político o económico, ciertamente me ha quedado un mal sabor al pensar en la perspectiva que debe tener la comunidad internacional con respecto al Órgano Judicial panameño y la seguridad jurídica que ofrece – o no ofrece.

Después de que noticieros tanto domésticos como internacionales llevasen una cobertura completa de los cargos que le fueron imputados al expresidente y su proceso de extradición, resultaría lógico para espectadores en todo el mundo encontrarse, por lo menos, con una noticia desarrollando una explicación a los cargos imputados, una atribución de responsabilidad. Por lo contrario, todo parece indicar que este escándalo internacional únicamente quedó en eso, un escándalo, o peor aún, dos, el segundo siendo potencialmente el fracaso del sistema judicial panameño ante los ojos del mundo.

Lastimosamente, y no es de sorprenderse, esta no es la primera ocasión en la cual la legitimidad del sistema judicial panameño se ve cuestionada. Este caso en particular probablemente ha recibido mayor atención debido a que involucró a un alto funcionario de gobierno y, como suele suceder, resulta consecuente para una gran parte de la población mundial pensar que el fenómeno de corrupción únicamente es protagonizado por altos funcionarios de gobiernos o personas desenvolviéndose en altas esferas económicas.

Sin embargo, al hacer un análisis de casos que son perseguidos en contra del Estado en foros internacionales, resulta interesante encontrar que el origen de estos casos, en un gran número de ocasiones, se origina por actos u omisiones corruptas o incompetentes ejecutadas por funcionarios públicos de bajo rango o por particulares de bajo perfil. Es decir, personas cuyos nombres son raramente conocidos y que definitivamente no llegan a titulares.

Particularmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Panamá ha sido demandada nueve veces, encontrándose cinco casos pendientes de ser resueltos y cuatro que ya han concluido. Todos estos casos se refieren a procedimientos de arbitraje promovidos por inversores extranjeros que buscan protección, bajo tratados internacionales, a presuntas violaciones de sus derechos como inversionistas.

Uno de estos casos, Álvarez y Marín C. Panamá, cuya decisión final es pública, surge a partir de que un intermediario, un profesional panameño, incentivara la compra de cuatro tierras en la comarca Ngäbe-Buglé, por inversores extranjeros, para el desarrollo de un proyecto ecoturístico. De acuerdo con la legislación especial de la comarca, solo tierra que ha sido propiedad privada desde antes de 1997 puede ser vendida a particulares y las autoridades comarcales retienen un derecho preferencial de adquisición – esto con el objetivo de que las tierras comarcales fuesen poseídas colectivamente.

A pesar de que la venta de tierras comarcales a particulares, luego de una declinación de adquisición por las autoridades de la comarca, es permitida, bajo la ley comarcal el precio de venta debe ser mayor que aquel ofrecido a las autoridades. En este caso, el tribunal arbitral encontró que el precio pagado por los inversores fue menor que aquel ofrecido a las autoridades comarcales. Más allá de esto, el tribunal declaró que los inversores no merecían protección bajo el tratado internacional invocado, debido a que no otorgaron a la obtención de las propiedades un merecido due dilligence. Esto se vio evidenciado por alertas rojas, como la ganancia del intermediario, resultante de una enorme desproporcionalidad de 95% entre el precio pagado por el intermediario para adquirir las propiedades ($200 mil) y aquel pagado por los inversores al adquirir las acciones propiedad de la sociedad utilizada por el intermediario para efectuar la transacción ($3.8 millones).

Peor que esta irregularidad es el hecho de que a pesar de que el Estado panameño ganó este caso frente a la Ciadi, por actos altamente irregulares como los efectuados por este intermediario, Panamá pierde al tener que enfrentarse a un caso en el que terminó pagando varios millones de dólares en concepto de servicios legales a una firma estadounidense. También, a pesar de que el laudo arbitral no lo menciona, tal y como ha sido reportado por diversos medios internacionales, todo parece indicar que un análisis de los hechos de este caso lleva a concluir que el intermediario panameño desorientó o indujo a los inversores extranjeros a un engaño. Un precedente nada favorable para la imagen del ambiente de inversión en Panamá.

La corrupción es un fenómeno que no es ajeno al panameño de calle y muchas veces es motivada por particulares que no reciben atención mediática. Altos funcionarios de los diferentes órganos del Estado sirven por períodos determinados al país, funcionarios de bajo perfil y particulares servimos en nuestros respectivos ámbitos muchas veces por períodos indefinidos. Esto nos da un poder absoluto y con ello, la posibilidad de corromper absolutamente. Queda en cada panameño concientizarse en cuanto a las consecuencias económicas y geopolíticas que sufre el país, muchas veces al un particular buscar beneficio propio. El costo del acto de corrupción de una persona, aunque parezca ajeno, es mucho mayor del que se ve en los titulares a diario y tiene consecuencias colectivas directas.

El autor es abogado especialista en arbitraje internacional

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