En Panamá están naciendo menos niños. Así lo reportó la Dirección Nacional del Registro Civil: en el primer semestre de 2025 se realizaron 31,875 inscripciones de nacimiento, casi 1,300 menos que las registradas en el mismo período de 2024. Aunque pareciera ser una cifra más en las estadísticas vitales, es la punta de un iceberg que combina economía, desigualdad de género y algo que no solemos discutir: la corresponsabilidad en el cuidado.
El reciente informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “La verdadera crisis de fecundidad”, es claro: millones de personas no pueden tener la cantidad de hijos que desean. Las razones son principalmente económicas: limitaciones de vivienda, empleos precarios y altos costos de crianza. Un dato me llamó la atención: el 11% de las personas encuestadas en 14 países afirmó que ha tenido o tendrá menos hijos de los que quería por falta de implicación de su pareja en las labores domésticas o el cuidado de los hijos.
Este hallazgo es revelador. Decidir tener hijos no es solo cuestión de ingresos, sino también de tiempo, apoyo y compromiso compartido. En sociedades donde las labores del hogar y de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, como ocurre en nuestra sociedad, el costo emocional y físico de la crianza puede convertirse en un factor disuasorio tan poderoso como la inestabilidad económica.
En América Latina y el Caribe, el trabajo de cuidados no remunerado representa aproximadamente el 21.4% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra significativamente superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este porcentaje no solo ilustra la magnitud de la contribución, sino también el riesgo económico de seguir invisibilizando este aporte mayoritariamente asumido por mujeres.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva 31/25, reconociendo el derecho al cuidado como un derecho humano con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidarse. La Corte IDH también subrayó que, históricamente, estas tareas han recaído de forma desproporcionada en las mujeres, limitando su autonomía, sus oportunidades de formación y su participación laboral plena.
La intersección de este pronunciamiento con el informe del UNFPA deja un mensaje contundente: sin corresponsabilidad, no hay igualdad; y sin igualdad, las decisiones reproductivas son condicionadas o frustradas. La brecha no se cierra con campañas aisladas, sino con políticas públicas que reconozcan y redistribuyan el trabajo de cuidado. Guarderías accesibles, licencias parentales equitativas y flexibilidad laboral no son “beneficios adicionales”; son infraestructuras sociales esenciales para que las familias puedan prosperar.
Aquí entra la educación, entendida en su sentido más amplio. La primera escuela de corresponsabilidad es el hogar. Es en la infancia cuando se aprende que cuidar es una tarea de todos, no un rol exclusivo de las mujeres. Si desde pequeños educamos en valores de cooperación, empatía y equidad en el reparto de tareas, estaremos formando generaciones que, al llegar a la adultez, puedan tomar decisiones de vida —incluida la de formar una familia— desde la libertad y no desde la sobrecarga.
Las cifras de nacimientos, por frías y lejanas que parezcan, son también termómetros sociales. Nos indican si una sociedad ofrece las condiciones para que las personas desarrollen sus proyectos de vida. Una caída sostenida, como la que se observa en Panamá y muchos países, puede revelar que esas condiciones no están garantizadas. Es fundamental que las personas puedan decidir tener hijos sin barreras económicas, culturales o de género.
Si aspiramos a que más personas puedan cumplir sus proyectos de vida, necesitamos un cambio integral: políticas que reconozcan y redistribuyan el cuidado, incentivos reales para la participación activa de los hombres en la crianza y un sistema educativo que, desde la niñez, forme en corresponsabilidad. El cuidado no puede seguir siendo un asunto privado invisible en las agendas públicas; es un pilar de la economía, de la equidad y del bienestar común.
El cuidado no es un lujo ni una tarea secundaria; es infraestructura social sin la cual no puede funcionar ninguna economía. Un país que cuida, crece. Y un país que educa para cuidar, crece mejor.
La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
