En este momento de grandes dificultades para la sociedad panameña, cuando el concepto de diálogo parece haber perdido su esencia y relevancia, nos corresponde a quienes aún creemos en su poder insistir y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperarlo. La historia ha demostrado que los problemas del país no se resolverán mediante la violencia, la fuerza o la represión, sino a través del diálogo genuino, la construcción de consensos y el respeto a los principios democráticos.
La polarización que atraviesa la sociedad panameña, con posiciones que parecen irreconciliables, es preocupante y desesperante. A ello se suma la desinformación y la manipulación en algunos medios y redes sociales, fenómenos que requieren un seguimiento constante. Individuos malintencionados difunden información falsa con fines políticos u otros, propagando mentiras que, sin verificación ni análisis, terminan aceptándose como verdades.
Hemos llegado a un punto en que cualquier discurso que apela a las emociones y adopta un tono confrontativo contra el “poder” recibe atención y difusión sin el más mínimo cuestionamiento. Estas ideas se propagan en círculos privados sin control, generando reacciones emocionales que profundizan la división del país.
Por otro lado, el gobierno no ejerce un liderazgo democrático, sino que impone su punto de vista sin considerar la necesidad de explicar, debatir o consultar a la ciudadanía. Se olvida un principio histórico fundamental: “el mejor gobierno es aquel que logra el mayor grado de felicidad para su pueblo”.
Un claro ejemplo de este ambiente caótico es el generado por la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS). La Asamblea Nacional discutió y aprobó una ley tan sensible sin realizar un esfuerzo adecuado para informar a los ciudadanos sobre su contenido y alcance.
El vacío informativo dejado por las instituciones responsables fue aprovechado por quienes adversaron la nueva ley, con argumentos insuficientes o manipulados, ya sea por desconocimiento o mala intención. Como resultado, se instaló un rechazo a la reforma por parte de grupos con gran capacidad de movilización.
La respuesta ha sido la presión y el rechazo en las calles por parte de sindicatos, maestros y un amplio sector de la ciudadanía. En contraste, el gobierno ha respondido con el uso de la fuerza policial, gases lacrimógenos y la criminalización de la protesta.
El gobierno y la Asamblea deben asumir su cuota de responsabilidad en la crisis actual y buscar una salida dialogada. Coincido con quienes afirman que no hay otro camino viable que sentarse a analizar, política y técnicamente, las posibles soluciones.
En Panamá, la Concertación Nacional para el Desarrollo, establecida por la Ley 20 de febrero de 2008, ofrece un espacio de participación donde convergen gremios sindicales, profesionales, empresariales, pueblos indígenas, iglesias, universidades, clubes cívicos, partidos políticos, representantes de provincias, organizaciones juveniles y de derechos humanos, junto con delegados de los órganos del Estado. Esta instancia fue creada para que todos los panameños y panameñas impulsaran metas y objetivos en busca del país que merecemos.
La patria nos exige abrir todos los espacios posibles de diálogo para escucharnos, evitar la polarización y la violencia, e intercambiar propuestas de solución frente a los desafíos que enfrentamos.
Tomando en cuenta que la ley permite que la mitad más uno de los miembros de la Concertación Nacional para el Desarrollo pueda autoconvocarse, instamos a que convoquen una reunión extraordinaria. Es imperativo abrir este espacio de escucha y debate con todos los sectores. La polarización solo nos aleja de las soluciones que Panamá necesita.
La autora es abogada.
