El socialismo del siglo XXI ha creado y difunde la denominación de “golpe blando” para justificar la represión y descalificar los legítimos reclamos populares por la crisis, los atropellos institucionalizados y la falta de democracia de los que son responsables los gobiernos de la órbita castrista en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Se trata del desarrollo de una doctrina de seguridad de este sistema no democrático, con el objetivo de justificar acciones de hecho y ejecutar “autogolpes” destinados a reprimir y eliminar la oposición, concentrar mucho más el control total y perpetuarse en el poder.
Por eso se reunieron la semana pasada en Caracas los cancilleres del Alba, con Nicolás Maduro declarando que buscaban organizarse contra los “golpes blandos contra gobiernos legítimos y constitucionales”, acusando al imperialismo estadounidense de desarrollar una “agenda post Panamá”, supuestamente porque “los gobernantes y presidentes de Latinoamérica y el Caribe le dijeron a Estados Unidos (EU) y Canadá que no recibimos instrucciones de nadie, somos independientes”. Pusieron los casos de Venezuela y Ecuador como urgentes, analizaron los de Bolivia y Nicaragua, hablaron de las amenazas y acordaron “planes especiales”.
Es un esquema de atropellos y falsedades, de distorsión de la realidad para confundir y engañar a la opinión pública. Argumentan que “conspiraciones reaccionarias e imperialistas” buscan sacarlos del poder, alegan que “el golpe blando busca travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna hasta hacerla caer…”. Sofismas para perpetuar dictadores, legitimar la represión y violación de los derechos humanos de los ciudadanos en los países bajo su control, y preparar los “autogolpes”.
La realidad objetiva demuestra que quienes hablan hoy de “golpes blandos” sufren la “crisis económica”. Que los recursos para mantener el populismo ya no existen, que dilapidaron el buen momento del boom de las materias primas, que se acabó el despilfarro del dinero del petróleo venezolano, que no tienen crédito por los niveles extremos de deuda externa, que tienen deudas internas públicas nunca vistas, que sus balanzas comerciales son negativas y que afrontan las consecuencias del estatismo, la concentración del poder y la corrupción.
Saben también que pese a controlar todos los poderes del Estado, sus ciudadanos y el mundo creen cada vez menos en los resultados de elecciones que han sido manipuladas, y que la violación institucionalizada de los derechos humanos y las libertades individuales son “hechos notorios” que producen “crisis social y política” expresada en movilizaciones populares cada vez más importantes.
Los abusos, las necesidades, el hambre, la crisis, producen movilizaciones. Se expresan en conflictos sociales, desabastecimiento, confrontaciones, en el hambre que vive Venezuela donde el 87.2% de la gente considera mala o muy mala la situación; en las marchas de protesta, las denuncias y las movilizaciones indígenas y populares en Ecuador, donde la popularidad de Correa se desploma; en los reclamos cívicos y ciudadanos de Potosí, mineros, indígenas, panaderos, y cada vez de más sectores en Bolivia; se nota en las marchas y reclamos crecientes en Nicaragua. Son hechos de pueblos que no tienen más recurso que la protesta contra los opresores cuyo retiro legal del gobierno debió producirse hace tiempo.
La respuesta del socialismo del siglo XXI es uniforme, pues proviene de la experticia castrista que ha mantenido a esa dictadura en el poder: han reforzado al máximo sus sistemas represivos y mantiene sometidas a sus fuerzas armadas y policiales mediante prebendas, beneficios diferenciados del ciudadano común, amenazas y represión selectiva interna; han aprobado normas que llaman legales para institucionalizar la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales; la represión judicializada, haciendo que fiscales y jueces criminalicen toda acción que el gobierno señale como peligrosa, aumentando los perseguidos, exiliados y presos políticos a quienes presentan como criminales comunes; promueven reuniones internacionales y accionan su aparato propagandístico para presentarse como víctimas amenazadas por las minorías reaccionarias de derecha y por el imperialismo; claman y reclaman por una legitimidad y un respaldo populares que ya no tienen pero que publicitan con descaro.
Se infiltran en las protestas y la oposición, inducen y realizan acciones que ahora denominan “golpes blandos” y que son en verdad “autogolpes”. Generan violencia y muerte responsabilizando a sus víctimas, asumen la defensa de la legitimidad constitucional e incluso de la democracia (que liquidaron) y así terminan por un tiempo con la presión popular. Ya lo han hecho varias veces Rafael Correa en Ecuador, con el 30S (el supuesto golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010), y Evo Morales en Bolivia con las masacres del hotel Las Américas, El Porvenir y otras. Es la vieja técnica de la dictadura castrista para “deslegitimar y desmovilizar la protesta popular”, solo que ahora la presentan como “golpe blando” o el sofisma de las dictaduras del socialismo del siglo XXI para justificar los “autogolpes”.