Esta semana transcurrió con muchas sorpresas… y sorprendidos. Por ejemplo, se conocieron los primeros nombres de los acusados en el caso de la “descentralización paralela”. Y es curioso que se haga por partido, es decir, que los acusados en esta ocasión son solo los que el partido Cambio Democrático (CD) postuló en los comicios de 2024, incluidos algunos del partido Realizando Metas (RM).
Estadísticamente, era mucho más probable que figuraran en esa lista miembros del PRD, pues estos obtuvieron la mayor parte de esos fondos: 73% (o $194.1 millones) del total repartido ($265.8 millones). En cambio, CD recibió apenas el 14% de esos fondos, o $36.6 millones.
Para entender la proporción, consideremos que solo cinco políticos del PRD recibieron $37.3 millones, y eso es $700 mil más que todo lo que recibió CD. No quiero decir con esto que no se deban procesar las personas de la lista conocida esta semana, pero me parece sospechoso que solo sean ellos y nadie del PRD, cuando vemos que estos últimos son muchos más y obtuvieron muchísimos más fondos que los destinados a CD. Deberían darnos una explicación: si esto lo hacen por partido (y por qué) y si ya hay otros del PRD investigados.
En todo caso, pareciera que los dardos van dirigidos también a Yanibel Ábrego, que, en medio de un proceso de reestructuración nacional del CD, tendrá ahora que destinar tiempo y fondos para la defensa legal de sus copartidarios.
Y hablando de defensas, el ministro de Salud parece serlo también de Hombres de Blanco. Ayer, en sorprendentes declaraciones, aseguró que esa empresa hizo un excelente trabajo en el Aeropuerto de Tocumen. Después de afirmar cosas que no son ciertas, deberíamos llamarlo no ministro, sino el mitómano de Salud, ya que Hombres de Blanco fue duramente cuestionada por Tocumen por una larga lista de supuestos incumplimientos contractuales, tan larga que se necesitaría más espacio que este para enumerar la irregularidad de sus servicios. Tanto así, que hasta hubo la intención de Tocumen de disolver administrativamente su contrato, aunque terminó en un “mutuo acuerdo” mediante el cual salió del aeropuerto. Acto seguido, el ministro de Salud la recibió con los brazos abiertos.
Con su nueva contratación, desde el 1 de julio pasado, Hombres de Blanco acumula experiencia en limpieza hospitalaria. ¿Será que lo hace para cumplir requisitos mínimos para participar en la próxima y lejana licitación del Minsa? Lo que debería hacer el ministro es convocar ya una licitación, invitando a empresas locales y extranjeras, y terminar así con este relajo y sus patéticos cuentos chinos. Los pliegos de cargo para una licitación de este tipo ya existen, pues se han convocado licitaciones para esta actividad en el pasado. Basta con actualizarlos, pero si tarda año y medio en hacer algo que no debería tomar más de un par de semanas, lo que resulta es un tufo insoportable a todo, menos a imparcialidad.
En tanto, gracias a resoluciones del Ministerio de Vivienda en el gobierno de Martín Torrijos, hay varios lotes en Amador –frente a la entrada sur del Canal– habilitados como zonas de Turismo Urbano de Alta Intensidad (Tu3) y Mixto Comercial Urbano de Alta Intensidad (Mcu3). Y ya hay en ciernes la construcción de, al menos, una enorme mole de 15 pisos con apartamentos que no se sabe si son para uso hotelero, residencial o una combinación de ambos. Se desconoce si los desarrolladores compraron el terreno, en cuyo caso habría que saber si eso se puede hacer o si el Estado obtuvo un precio justo por estos codiciadísimos lotes frente al Canal.
Lo que sí se sabe es que son apartamentos de lujo, con precios que sobrepasan los $4,500 el metro cuadrado. Y no solo ese lote tiene esta zonificación, hay, al menos, otros cinco que podrían sufrir la suerte de lo que estoy comentando. Hay muchas preguntas que debería responder el Mivi antes de que este asunto tome cuerpo de verdad con el resto de los lotes con zonificación idéntica.
Por último, alguien puede responder por qué instalaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –un sitio de alta seguridad del Estado– se usaron para albergar reuniones secretas –de día y de noche– en las que participaron autoridades del Ministerio de Trabajo, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, de la Presidencia, del Ministerio Público, incluso sindicalistas, para ver el “asunto Suntracs”. Tan secretas eran las reuniones que al director de la UAF se le prohibió ingresar en una o más ocasiones a sus propias oficinas.
