“No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti”, es lo que se dice de la terquedad en términos bíblicos.
Actitud por antonomasia que ha caracterizado a gobernantes autoritarios y egocentristas, que en el ocaso de sus mandatos incurren en una serie de desaciertos y exabruptos que los empequeñecen. Bien lo dijo Napoleón Bonaparte: “De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”.
Panamá no ha escapado de esta paranoia y exhibiciones de soberbia al más alto nivel. En los últimos días, el inquilino del Palacio de las Garzas se ha dedicado a sembrar una especie de “minas sin detonar” en varias instituciones, que comprometen la normal gobernabilidad de la próxima administración.
A una velocidad inusual, esta vez no a paso de tortuga, el Órgano Ejecutivo entregó personerías jurídicas a sindicatos amarillos, creó un mamotreto jurídico de espionaje (C5) que debe revisarse; aprobó normas que flexibilizan las relaciones laborales en detrimento de los trabajadores nacionales.
Los decretos ejecutivos que justifican estas actuaciones se aprobaron desconociendo el principio de reserva legal, incluso violando normas del Código de Trabajo, que regula la materia.
En nuestra opinión, una vez celebradas las elecciones generales, el presidente saliente no debería firmar decreto alguno que comprometa las finanzas públicas ni la vida jurídica institucional y normal de la administración pública. Solo debería ser garante de una transición ordenada y basada en una rendición de cuentas, real y no maquillada.
Estos son algunos de los temas que le sugerimos al Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND) tome en cuenta, como parte de la propuesta del anteproyecto de reforma constitucional.
El autor es abogado y miembro del Comité Ejecutivo de Fenasep