Hace más de 20 años, cuando negociaba la adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio, el sector agrícola señalaba que el proceso de apertura comercial tenía que ser gradual. Necesitaban tiempo para adecuarse y competir. El gobierno de aquel entonces estuvo de acuerdo y me instruyó a negociar los aranceles más altos posibles para una lista de productos como los pollos, la leche, el azúcar, el café, el arroz, los tomates, las papas, las cebollas, el maíz, etc.
En consecuencia, junto con mi equipo, obtuvimos unos niveles altísimos de protección, acompañados de un acceso vía de contingente arancelario que crecía en un período prolongado, a fin de darle el tiempo necesario al sector. Sin embargo, desde el principio comenzó un proceso para ampliar esta protección y mantenerla en el tiempo. El mecanismo utilizado fue las normas sanitarias, que se usaron como mecanismo de protección a la producción y no como normas científicamente aplicadas para proteger el patrimonio animal y vegetal del país.
Tal fue el abuso de estas normas, que la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos (EU) se paralizó, al establecer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) barreras no arancelarias a la importación de carne proveniente de ese país. Para desbloquear la negociación, Panamá se comprometió con EU a adoptar un sistema alejado de los conflictos de intereses en materia de salud animal y vegetal, de forma tal que dichas medidas se adoptaran para lo que se suponen que son: proteger la salud.
Es así que se crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), un ente independiente, profesional, dedicado a una actividad científica y no de carácter comercial. La creación de esta entidad con estas características permitió cerrar, con éxito, el TPC con EU y avanzar el país a una economía globalizada, la cual ha rendido frutos impresionantes.
Pero el sector agrícola no se ha beneficiado de estos cambios. En una actitud francamente suicida ha continuado buscando fórmulas de protección al margen de las obligaciones internacionales del país, logrando con toda clase de subterfugios atrasar la apertura del sector. Para rematar, acaban de lograr que la Asamblea Nacional apruebe una ley para volver a utilizar las medidas sanitarias como mecanismo de control del mercado y no para temas de salud, atentando contra la credibilidad de nuestro país y entrando en un retroceso que le costará a nuestra economía como un todo.
Lo más triste es que esos esfuerzos son inútiles. Ninguna actividad que tenga por objeto solamente el mercado interno panameño tiene futuro. Solo continuará en un proceso lento de desaparición, debido a una cantidad de factores que no tienen nada que ver con la importación y todo que ver con una mentalidad verdaderamente pobre. Me explico. La participación de la actividad agropecuaria en el PIB escasamente llega al 3%. Esa baja participación obedece a que en términos absolutos el sector no puede crecer al ritmo del resto de la economía, porque su mercado es el mercado interno que es muy pequeño. A eso hay que sumarle que el empuje del resto de la economía sube los costos de producción (la tierra, el trabajador, los insumos, etc.) haciendo cada vez menos atractivo el sector, generándose un éxodo de personas de él.
A lo anterior hay que sumarle el hecho que desde que se creó el MIDA, es el sector de la economía panameña más intervenido. Desde los precios, hasta el mercado y su composición. Por eso vemos que, para los productores, más importante es lo que diga el MIDA, que lo que suceda en la bolsa de Chicago con los precios de sus productos. Esta actitud de aprobar el intervencionismo y el proteccionismo los llevará a su desaparición. No habrá protección ni subsidio que valga. Y esto me trae al último punto: ¿Cuánto estaremos, los contribuyentes y los consumidores, dispuestos a subvencionar una actividad no competitiva? Entre el presupuesto del MIDA ($137 millones), del BDA ($118 millones), del IMA, ($ 38.7 millones) más la infinidad de subsidios directos, el total del gasto del Gobierno Nacional para estimular la producción agropecuaria es más del 50% del valor total de la producción.
Lo que necesita la economía panameña es un sector agropecuario pujante y dirigido al mercado internacional. Para eso requiere inversiones del tamaño de las que se dan en otros sectores de la economía y el mismo nivel de liberalización que hemos adoptado en todos los sectores exitosos de la economía nacional. De otra forma, simplemente, asistiremos al suicidio del sector.