Imagina que tienes una empresa en un país donde los impuestos son altos. Para pagar menos, decides crear otra en un lugar con baja o nula tributación, lo que se conoce como una jurisdicción “amigable” en materia fiscal. Esa segunda empresa, llamada “empresa de papel” o box company, en realidad no tiene empleados ni oficinas donde se trabaje de verdad. Su única función es recibir utilidades que provienen de las operaciones de tu empresa original, logrando así reducir los impuestos en el país donde esas ganancias se generan.
Este esquema fue común durante años. Recuerdo que, en 1985, cuando comencé a trabajar en el área de impuestos —hasta que la llamada “sustancia” comenzó a exigirse en varias jurisdicciones— muchos contribuyentes aprovechaban vacíos legales para trasladar utilidades a territorios con tributación mínima. Esto reducía la recaudación de los países con tasas medias o altas, afectando la financiación de hospitales, escuelas e infraestructura.
¿Qué es la “sustancia”?
Dicho de forma sencilla, significa que la empresa sea real, no solo un nombre en un buzón de correo. Para que una empresa pueda afirmar que está ubicada en determinado país, debe cumplir condiciones mínimas:
Tener empleados propios que vivan y trabajen allí.
Tomar en ese lugar las decisiones importantes.
Contar con una oficina física, no solo un espacio compartido o virtual.
Desarrollar una actividad económica real, más allá de simples movimientos contables.
En resumen, se busca que la empresa realmente opere en el país donde declara estar, y no sea solo una estructura vacía creada para aprovechar beneficios fiscales.
¿Por qué es importante la sustancia?
Porque sin estas reglas la competencia entre empresas y países se vuelve injusta. Las grandes corporaciones logran pagar menos impuestos trasladando utilidades, mientras que los negocios locales y los asalariados cumplen con todas sus obligaciones. Además, los Estados pierden recursos fundamentales para financiar servicios públicos.
Antes, muchas jurisdicciones de baja tributación facilitaban la creación de empresas de papel. Hoy están cada vez más obligadas a exigir pruebas de que las compañías registradas en su territorio tienen operaciones reales. Si no pueden demostrarlo, otros países están facultados para gravar esas utilidades en el lugar donde efectivamente se genera la actividad económica.
Lo que viene
La tendencia mundial es clara: se exigirá cada vez más sustancia. Ahora se requieren documentos, pruebas y transparencia. No basta con decir “mi empresa está en tal país”; hay que demostrarlo. Incluso las zonas francas y regímenes especiales de baja imposición están bajo la lupa, pues deben probar que allí se realizan actividades reales y no simples maniobras contables.
Esto no significa que esté mal aprovechar incentivos fiscales legítimos. Los países pueden ofrecer ventajas para atraer inversión, pero esa competencia debe basarse en actividades reales, no en ficciones creadas para mover ganancias de un país a otro y reducir impuestos.
En síntesis
La sustancia tributaria busca que las empresas no existan solo en el papel. Pretende que tributen en el lugar donde realmente generan valor, tienen empleados, activos y toman decisiones. Es una forma de proteger la recaudación y asegurar que todas las compañías —grandes o pequeñas— compitan en condiciones más justas.
No se trata de prohibir cómo se organizan, sino de fijar límites razonables para evitar abusos. Porque cada dólar que se escurre en estructuras de papel es un dólar menos para financiar los servicios que sostienen a toda la sociedad.
Panamá ya estableció requisitos de sustancia para empresas que operan bajo licencia SEM y en el Área Económica Especial Panamá Pacífico. El reto pendiente es aplicar controles similares a las empresas panameñas que generan renta pasiva extraterritorial.
El autor es Country Managing Partner – EY.
