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Tal cual

Tal cual
Tal cual - Mónica Palm

UNACHI BISTRÓ. En la Unachi, no solo hay un director y un subdirector “de Cafetería” que ganan $3,206 y $2,072 —más un sobresueldo de $1,000—, respectivamente. Según el rector Absel Navarro, esto sucede porque ambos son funcionarios “de carrera”. En esa cafetería también hay por lo menos cuatro “administradores”, cada uno con un salario de entre $1,188 y $1,693. Además, tienen un “planificador evaluador” en la planilla, con $1,698.63. Ni las franquicias de hamburguesas más conocidas del país tienen una estructura tan compleja y bien pagada.

LASTRE. Y eso que no habíamos dicho nada de las dos quincenas que tiene el personal de Unachi sin cobrar. Algunos seguramente bien ganados; otros, en cambio, son parte del drenaje económico que podría haber seguido operando tras la salida de Etelvina.

BÚSQUEDA. El PRD anunció que el próximo 11 de octubre realizará una jornada de inscripción de adherentes. Aunque siguen siendo el partido con mayor cantidad de miembros (547,312 personas), en dos años —es decir, desde el cambio de gobierno— han perdido casi 100 mil miembros (93,980, para ser exactos). ¿No sería más fácil que pusieran un libro para renunciar?

APLAUSO. En Chile, la Corte Suprema destituyó a 11 jueces que se fueron de viaje mientras gozaban de “licencia médica”. Ojalá cundiera el ejemplo. En Panamá, para que destituyan a un juez, tiene que aparecer su cónyuge detenido como parte de una investigación por blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Y para que renuncie una magistrada, ni aunque la hija esté trabajando en su misma área de competencia.

TURNO 1. Hoy le toca sustentar su presupuesto a la ACP. ¿Le irán a decir que no a Ilya de Marotta? Porque la popularidad de ella compite con la de monseñor Ulloa.

TURNO 2. Por cierto, mañana va la Antai a la Comisión de Presupuesto. Seguramente guardará tanto silencio como cuando permite que entidades impidan el acceso a información de carácter público o cuando los datos personales de cientos de panameños han sido expuestos por cibercriminales que los han obtenido, precisamente, de bases de datos de instituciones del Estado.


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