CUENTO. Luis Adriel Valiente Ortega, el conductor del taxi vinculado al atentado a la residencia de Rolando Rodríguez y su familia, le dijo a los fiscales que no tiene teléfono celular porque se lo robaron. Pero en la investigación consta que, desde ese aparato, realizó una transferencia de $25, vía Yappy, al dueño del taxi, apenas dos horas antes de perpetrar el ataque. Ni es valiente ni dice la verdad.
CLANES. La Antai sancionó económicamente a 33 funcionarios y recomendó la destitución de otros 11 por nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo. Entre los casos está el de siete servidores de Unachi que trabajaban en la misma “unidad” que sus familiares. También está el caso de una trabajadora de esa universidad que en cuatro meses acumuló 13 ausencias injustificadas. Si fuera funcionaria de la Asamblea, no le pasaría nada.
BICICLETEROS. Este miércoles hay una audiencia solicitada por la abogada de Roberto y Ramón Carretero Napolitano para revisar la decisión de la fiscal que archivó la querella por calumnia que presentaron contra la periodista Sabrina Bacal y los portales Armando.info y Praxis. Los Carretero presentaron la querella luego de que se informara sobre los nexos de Ramón con el régimen venezolano. ¿Acaso eso no es cierto? Estaría bueno preguntarle a la OFAC qué opina.
DEFENSA. El Consejo de Gabinete autorizó la contratación —por $4.3 millones— de la firma Hogan Lovells para que represente a la República de Panamá en el arbitraje internacional interpuesto por PPC. Ojalá que nos vaya mejor esta vez con ellos que como nos fue con Finmeccanica.
DESPRECIO. El presidente Mulino dijo que no le gustan los influencers y que, mal que bien, prefiere a aquellos periodistas que dan la cara y no se esconden tras apodos. Algunos de estos influencers se han arrastrado tan duro últimamente para atacar a las víctimas de un atentado que van a necesitar un injerto de piel.


