PASADO. La defensa del corrupto designado presentó como testigo al exfiscal David Mendoza, quien denunció supuestas presiones de sus “superiores” para investigar al loco, en el año 2017. El testigo reconoció en el estrado que ni denunció esas presiones ni renunció por considerarlas una afrenta, conforme dicta el código de ética de los servidores públicos y el Código Procesal Penal. Y eso que dice que solo le interesaba que se hiciera justicia…
SOLICITUD. Mendoza, por cierto, laboró en el Ministerio Público hasta septiembre de 2022 -según su propio testimonio-, pero esperó hasta el 18 de mayo de 2023 (cinco días antes del inicio del juicio) para hacer estos señalamientos en una declaración notarial que él mismo reconoció que le fue solicitada por Carlos Carrillo y Roniel Ortiz, abogados del loco. Qué habrá pasado para que algo que presuntamente ocurrió hace seis años se convierta de pronto en algo tan importante hace dos semanas…
PILLADO. Ahora dicen que Ricardo Martinelli se encontraba en el edificio donde pernocta Jairo Bolota, en Punta Pacífica, porque tenía una cita con su equipo de abogados. Si se supone él está convaleciente, ¿por qué la reunión no se celebró en su casa?
‘THROWBACK THURSDAY’. Leo David Cohen Mugrabi, uno de los empresarios que pactó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, fue una de las víctimas asaltadas por la famosa banda Roba Rolex, que operó en los años 1990. No tenemos más nada que agregar al respecto.
CHEQUERA. Para muchos ha pasado desapercibida la presencia de Innovation Research Engineering Development Ltd., en el caso New Business. Resulta que esa sociedad fue utilizada para repartir coimas entre los implicados en el caso Odebrecht. Esto no parece una simple coincidencia.
SALPIQUE. En su alegato, el fiscal Emeldo Márquez mostró los movimientos de una cuenta bancaria de TCT, en el que consta que se emitieron cheques a dos inspectores del MOP, a cinco diputados de aquella época (Elías Castillo, Héctor Aparicio, Juan Poveda, Mariela Vega y la perenne Yanibel Ábrego), a Porfirio Ellis, a un asesor de la Asamblea (identificado como Aníbal Reluz, por $40 mil) y a una secretaria de la Asamblea llamada Migdalia Sánchez (por $142 mil). ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? Un poco más y empata al Cemis.
