RECORTE. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, calcula que, con el plan de contención del gasto anunciado por el Ejecutivo, unos 20 mil funcionarios saldrán del aparato gubernamental. Qué fácil sería eliminar (y para siempre) las planillas 002, 080 y 172.
REGAÑO. Gerardo Solís envió a cada diputado un ejemplar del Libro de los contralores, de Tapia a Solís, que recoge la vida y obra de quienes han dirigido la Contraloría, desde el año 1931 y hasta la fecha. Mayín Correa prontamente devolvió el regalo, por considerar que es una edición lujosa, ostentosa, inoportuna e imprudente, “sobre todo porque las fuerzas vivas del país están clamando por la contención del gasto público y un alto al derroche”. Imaginarse a Mayín diciendo todo esto en voz alta no tiene precio… Pero sí lo tiene: según ella, cada “libraco de marras” costó $60, por lo que invitó a Solís a “no gastar en bienes suntuarios, para inflar egos”. Quizá a la diputada no le falte razón, pero si tanto le importa el uso de recursos del Estado, bien podría darse una vuelta el próximo lunes por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que vea desfilar a los maestros del despilfarro y la corrupción.
RÉPLICA. Solís, por cierto, no se quedó callado: rápidamente le informó a Correa, por escrito, que el costo total de semejante producción literaria fue de $5,965.65, y que todo fue confeccionado en los talleres de la Contraloría. Al tratarse de un tiraje de mil ejemplares, cada uno habría costado $5.96. Lástima que no sea tan diligente y práctico para atender asuntos sobre la fiscalización del gasto pública, en lugar de perder el tiempo con literaturas que son una loa a sí mismo. La prueba está en que no dudó en incluir su nombre hasta en el título del “libraco”.
DESTIERRO. Leandro Ávila ha quedado excluido de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea, la cual presidía hasta la fecha. En cambio, en dicha comisión se mantienen ahí Bolota Salazar, Yanibel Ábrego, Pancho Alemán y otros íconos de la ética parlamentaria. Eso se llama control de calidad.
