LOAS. La campaña de publicidad que lleva a cabo la Contraloría tiene un costo de 1 millón de dólares. Fue adjudicada de manera directa a la agencia CPSH (que dirige la familia Barletta) y el contrato tiene una vigencia de cinco meses: comenzó en julio y termina el próximo 30 de noviembre, un mes antes de que finalice la gestión del contralor Gerardo Solís. Si todo estuviera en orden, al final de este período no tendría que invertir tanto en propaganda ni en loas a sí mismo.
LOAS II. Los detalles de esta contratación fueron divulgados a partir de una solicitud de información presentada por el abogado Guillermo Cochez. La respuesta a esa solicitud fue firmada por Zenia Vásquez, secretaria general de la Contraloría y exsocia de Odila Castillo. No se necesita ni el 1% de ese monto millonario para dar la cara y explicar a todo el país la verdad sobre lo sucedido con los equilibrios contractuales.
TVL-IPSIS. En el canal de televisión de la Asamblea Nacional han estrenado un noticiero llamado TVL Noticias. Un nombre más apropiado habría sido MSP (mírame si puedes), porque cada vez que ocurre algún asunto crítico, la señal se corta.
POLITICIDIO. La representante de Burunga, Lohanniz Gaitán, ha dicho que la denuncia que su suplente, Keiry Sánchez, presentó en el Ministerio Público sobre presuntas “botellas” y prácticas de nepotismo en la junta comunal no son más que un “ataque político”. ¿Otro más que sale con esa excusa? La próxima vez que atrapen a un carterista también dirá que es un ataque político.
CONSULTÍN. Este lunes se reanudan las consultas sobre el proyecto de ley 163, relativo a reformas a la CSS. El pasado viernes, tenían que participar 37 oradores, pero cuando les tocó el turno, solo 17 estaban presentes en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. En la lista aún hay 572 personas esperando su turno para hablar. Ánimo: si sigue asistiendo el 45.9% de los inscritos, el proceso podría ser más corto.
