PREMIO. Publio De Gracia no es el primero. Antes que él, otros jefes de la Dirección General de Ingresos (DGI) recibieron un bono anual, producto del 1% de los excedentes de los cobros de impuestos, tal como lo establece la Ley 33 de 2010. Por ejemplo, Luis Cucalón, quien terminó en prisión al concluir su gestión en la DGI, salió con un cheque de $360,000, un 70.5% más que los $106,000 que le correspondieron a De Gracia. El diputado Jhonathan Vega prometió que en enero presentará un proyecto para eliminar estos bonos. Lástima que, de convertirse en ley, no tendría efectos retroactivos.
CRITERIO. El influencer Oli Meza está en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública, con el cargo de “asesor” de la Policía Nacional, desde el 6 de septiembre de 2024. Su salario es de $3,000. Meza adquirió notoriedad esta semana por haber entrevistado a Odila Castillo, la abogada que “mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas” en Panamá, según Gerardo Solís. Eso que se lo digan al FBI. ¿Quién será el próximo entrevistado de Meza? ¿Un narco?
GALILLO. Esto era lo que le faltaba a las consultas del proyecto de ley 163, sobre reformas a la CSS: una cantante aficionada. Saisilín Hernández utilizó su intervención de 15 minutos para compartir cánticos cristianos y una balada de la cantante mexicana Sasha. ¿De qué manera eso beneficia o aporta a la discusión de la CSS? Si le gusta cantar, puede anotarse en un karaoke o hacer un live en Instagram, pero el país entero no tiene por qué padecer sus ocurrencias.
ESPERANZADO. Por segunda semana consecutiva, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, acudió a la comisión legislativa de Presupuesto a sustentar los traslados de partida para pagar a los contratistas del programa “Techos de Esperanza”. Ojalá no sorprendan al país con una nueva indemnización millonaria a favor de IBT.
