FRENO. La Contraloría no refrendó el aumento salarial de los magistrados, a pesar de que fue incluido en el presupuesto de la Corte Suprema para este año. Si se hubieran celebrado las vistas presupuestarias, seguramente algún diputado independiente habría detectado la jugada y alertado al país. Pero como había que cancelarlas, ahora le han hecho perder el tiempo al contralor.
CLUB. El “veranito cultural y deportivo” en el Parque Omar, que se celebra del 13 al 31 de enero, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., cuesta $250 por persona. Así que si usted tiene tres niños, necesita más de un salario mínimo solo para mandarlos medio día al veranito. Y todavía tiene que ver qué hace con la otra mitad del día y con el resto de los gastos.
SUSPENSO. El caso Jericó está paralizado, y no solo porque el expediente completo fue enviado al despacho del magistrado Olmedo Arrocha, quien debe determinar la posible implicación del diputado Raúl Pineda en estos ilícitos. Ahora resulta que el nuevo procurador mandó de “vacaciones” a la fiscal superior antidrogas Marta Barrios. Seguramente no regresa. Al menos Mahmad Daud Hasan se fue voluntariamente de su puesto.
FILTRO. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea no aprobó las modificaciones a los requisitos para ser miembro de la junta directiva de la CSS. El proyecto del Ejecutivo propone que todo aquel que quiera ingresar a la junta directiva debe tener título universitario y al menos 10 años de experiencia profesional en derecho, finanzas, administración o manejo de fondos de pensiones o de salud. Como los diputados consideran que eso es irrelevante, los requisitos seguirán siendo los mismos de siempre: ser panameño, tener “buena conducta”, “solvencia moral” y demás hierbas. ¿Cómo esperan obtener un resultado distinto si siguen cometiendo los errores de siempre?
DIRECTO. Aquí desconocíamos por completo la existencia de Literal Comunicaciones Estratégicas Corp., la empresa que se encargará de elaborar el “plan estratégico” de Micultura, a cambio de $110,314. Sin embargo, resulta que el año pasado fue contratada (también por la vía directa) por el Tribunal Electoral, para asesorar en temas tan delicados como “control de daños a la reputación” y reconstrucción de imagen. Por este servicio, que se extendió por casi siete meses y fue requerido “con urgencia evidente”, el tribunal pagó $56,496. No sabemos cuál fue el resultado, pero la “imagen” del TE sigue igual. ¿Será que ya no saben en qué gastar el dinero, que están dispuestos a pagar por cualquier cosa?
