DESPERDICIO. La CSS es propietaria de bienes raíces valorados en $466 millones, según el director de Finanzas y Administración de esa entidad, César Herrera. Esas propiedades, ¿cuánto producen en alquileres? ¿Qué rédito o beneficio aportan a la Caja? Si estuvieran generando al menos el 10% de su valor, la entidad debería estar recibiendo, por lo menos, $40 millones al año.
3 GOLPES. El Ministerio de Seguridad Pública destinará casi $5 millones para suministrar alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) a los migrantes y al personal albergado en las estaciones de recepción migratoria de San Vicente y Lajas Blancas, en Darién. Actualmente, se busca a un proveedor con capacidad para alimentar a 1,200 personas al día, durante un año. Si los contribuyentes están pagando eso, ¿acaso no merecen que les expliquen qué está pasando? Panamá está ayudando a otro país (Estados Unidos) a solucionar la migración irregular que llega a sus fronteras, pero nos estamos preparando para hacer frente a este problema en Darién, por lo menos, durante un año más.
ENIGMA. ¿Alguien ha visto el memorando de entendimiento pactado con Estados Unidos, en el que Panamá acepta ser un “puente” para el retorno de los migrantes irregulares a sus países de origen? Es hora de que expliquen en qué consiste nuestra participación en la solución de este problema.
SAPIENCIA. Esta semana, el diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto “que adopta medidas para la prevención y control de la ludopatía”. Debe saber mucho sobre este tema: no solo fue miembro de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), sino que, en junio de 2024, inauguró un “centro de prevención de la ludopatía” en San Miguelito. ¿Para cuándo un centro de prevención de la mitomanía?
COLMO. El mismo día en que La Prensa informó que la Secretaría Nacional de Energía prorrogó por cinco años el permiso de operación a una empresa neerlandesa auditada por la DGI e investigada por dos fiscalías, la Unión Europea (bloque al que pertenece Países Bajos) comunicó que Panamá se mantiene en la lista sancionatoria de paraísos fiscales. ¿Esta es la “reciprocidad” a la que aludía el presidente?
MALA SEÑAL. La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó suspender la licitación para proveer internet en 3,102 planteles oficiales, la cual tenía un precio de referencia de $59.3 millones. ¿Qué pasó con aquella propuesta de $700,000 que la ministra Lucy Molinar mencionó una vez que había recibido? ¿Por qué ahora hay que pagar tanto? Y aún no ha explicado en qué quedó la compra de las laptops. ¿Acaso no aprendió nada de los desaciertos en los que incurrió cuando fue ministra entre 2009 y 2014?
