SE BUSCA. El contralor Anel Flores apuntó sus cañones hacia la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, el 23 de junio de 2021, autorizó la prórroga automática del contrato de PPC. En caso de que usted no recuerde quiénes la conformaban ese día, estos son sus nombres: Carlos García Molino, Jorge Luis Almengor, Patricia Velásquez, Julio De La Lastra, Juan Diego Reyna y el entonces administrador Noriel Arauz, quien actuó como presidente. También, con un tono más escandaloso, la integraba José Alejandro Rojas Pardini, quien, a la vez, fungía como representante del Estado panameño en la junta directiva de PPC, como si fuera una moneda con dos caras y sin sello. Gerardo Solís, que participó en la sesión como contralor, informó que la auditoría determinó que PPC cumplía con las obligaciones “básicas” del contrato. ¿Básicas? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso había otras obligaciones que no cumplía? De hecho, reconoció que PPC no entregó $82 millones, pero lo justificó diciendo “que las empresas no están obligadas a repartir dividendos”, según consta en el acta de la sesión de ese día. También recomendó que el Estado vendiera sus acciones, “y con eso la AMP se quita el dolor de cabeza de estar fiscalizando esa parte de la actividad de la empresa”. ¿Qué tan buena le habría parecido esa genialidad si las acciones fueran suyas? Y el que resultó un verdadero crack fue De La Lastra, quien señaló que la gente pensaba que el contrato de PPC era por 25 años, pero que se equivocan, que estaba pactado por 50, “y ahora lo que nos toca es renovarlo a la segunda fase, que son los 25 años adicionales”. No conforme con eso, dijo que se “tenía” que renovar, “nos guste o no nos guste”. Parece que lo importante era que le gustara a PPC.
PLATAL. Finalmente, se hizo efectivo el aumento salarial de sus señorías: la última quincena ya reflejó los $4,000 adicionales que, a regañadientes, les refrendó el contralor. Pero eso no significa que todos cobren exactamente lo mismo: Vásquez y Chen reciben $14,060 al mes, cada uno; Arrocha y Cornejo, $14,120; López, Cedalise, García y Russo, $14,240, y Cheng, $14,263.80. A este costo, nuestro justicia debería ser de lujo.
REPORTE. El presidente Mulino comunicó la semana pasada que este martes, en el Consejo de Gabinete, preguntará a sus ministros si se había denunciado ante el Ministerio Público alguna de las irregularidades que supuestamente encontraron cuando tomaron posesión, en julio pasado. ¿Qué tal si, en su conferencia de prensa semanal, en lugar de leer preguntas de Twitter, no pide esa rendición de cuentas ante los medios de comunicación? Así también evitaría que la población le endose responsabilidades que probablemente no le corresponden.
SECUELAS. Parece que Pérez Barboni, atendiendo el emplazamiento de Ricardo Lombana, decidió que quiere seguir con Moca y no “cerca” del gobierno. Ayer se reunieron los dos, en un ambiente muy cordial, con Grace Hernández y Ernesto Cedeño. Pero si en Moca han declarado un armisticio, en Vamos están en pie de guerra. Eduardo Gaitán pidió una “limpieza” en esa bancada, alegando que aquellos que almorzaron con el presidente buscaban atender un “interés personal”. Mientras tanto, Betserai Richards, uno de los “cochinos” que acudió al almuerzo en Penonomé, contó que lleva tres semanas solicitando una reunión a la dirigencia de la coalición, pero nadie le responde. ¿Qué están esperando? ¿Que diga “nos Vamos”?
