EMPLATANADOS. Los dirigentes sindicales se tomaron el nombre “chiquita” muy en serio: esperaban que la empresa reaccionara como un niño que se pelea con otro y al día siguiente vuelve a jugar con él como si nada hubiera pasado. Por eso ahora pretenden que la bananera reactive sus operaciones en Changuinola. Pues no: en la vida adulta hay peleas que tienen consecuencias nefastas. Consecuencias que, además, todo el mundo les advirtió que sucederían. Ojalá vayan ahora donde sus bases, acepten la responsabilidad por la pérdida de 7,000 empleos y asuman las consecuencias.
PATÁN. Se abre una provincia... ¿y se cierra otra? Ayer, el diputado Bolota salió a la calle para repartir volantes en la ciudad de Colón. El jefe regional de la Policía intentó desalojarlo, pero Salazar dijo que ocuparía la vía el tiempo que le diera la gana. El tranque fue descomunal. No es la primera vez que Salazar obstruye la labor de los agentes: en una ocasión intentó ejercer como abogado en medio de un operativo, sin tener idoneidad, y en otra se negó a mostrar su licencia en un retén, cuando fue sorprendido conduciendo un vehículo sin placa. Este debe ser el rostro de la impunidad y la desestabilización.
ROOM SERVICE. Por cierto, ¿quién está pagando la cuenta en el hotel Panamá? Aparte del turismo de compras y el de convenciones, pronto vamos a inventar el turismo de huelgas.
TURNO. Los docentes en huelga también quieren un diálogo con la Asamblea Nacional. Lo que piden es analizar la Ley 462, presentar un anteproyecto y abrir un periodo de consultas. Es decir, someter al país al mismo proceso en el que estuvo sumergido por siete meses, hasta febrero pasado. Ninguno ha planteado retomar las clases. El Meduca debería preparar las primeras destituciones. Supuestamente, todos los años hay educadores desempleados que piden un cupo. Si esos sí quieren trabajar, ¿por qué no los nombran de una vez?
EMB-BNB. Finalmente, el MOP presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los presuntos sobrecostos en el cuarto puente sobre el Canal. Las embajadas con vocación de Airbnb ya deben estar acondicionando sus habitaciones y jacuzzis para acoger a la nueva tanda de exfuncionarios presuntamente beneficiados con fondos del Estado, reconvertidos ahora en perseguidos políticos.
