LOCURA. La última trespatinada legislativa es impulsar a Chello Gálvez como próximo presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. ¿Cuál sería la nueva función de la comisión? ¿Repartir jamones? ¿Mandar a la gente a llorar al cementerio?
ROCINANTE. En lo que podría ser un indescifrable acto dentro de la estrategia de la defensa de Martinelli, recientemente uno de sus miembros se dedicó a atacar por Twitter al cardenal José Luis Lacunza, por haber dicho cosas que no gozan de su simpatía. Palabras más, palabras menos, Sidney Sittón “sugirió” a la Iglesia católica que se dedique a investigar y castigar actos de pedofilia, a cuyos posibles victimarios no identificó. Bueno, tratar de decirle a los demás lo que deben hacer parece ser la costumbre de Sittón; ya lo ha intentado con medios de comunicación, con el Hospital Santo Tomás, con el magistrado Mejía, con el presidente del Parlacen, con Naciones Unidas, etc. También acusó a la Iglesia de un conflicto de interés al haber recibido donaciones de este gobierno y pidió a Lacunza que aclarara “cuánto le dio Odebrecht, la empresa más corrupta del mundo”. Curiosa afirmación de alguien que defiende a quien convirtió a esa empresa en el mayor contratista del Estado panameño.
OTRA OPCIÓN. Y a las declaraciones de Lacunza se les unen ahora las de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, que también le recuerda a la Corte que la decisión que va a tomar no es cualquiera, sino una trascendental en el caso de los pinchazos. Y, de hecho, se adhiere a lo manifestado por la Conferencia Episcopal Panameña la semana pasada en torno a este caso. Bueno, si a la ex primera dama y a los abogados de su esposo no les gusta cuando se hace justicia, todavía pueden acudir, caminar y/o rezar a cualquier santo que no se fije en quién le reza.
MÁS PLANILLAS. En la nueva reglamentación del ente regulador de los subsidios estatales que aprobó el Órgano Ejecutivo –con la firma del presidente de la República y su ministro de Desarrollo Social- lo primero que sale a definirse es cómo se gastará el dinero de los subsidios que otorgue el Estado. 25% para gastos administrativos y personal, y 25% -si es necesario- para gastos por servicios profesionales. Solo el restante 50% se utilizará en los gastos objetivos del programa. Si hay una manera fácil de sacarle dinero al Estado, esta es la vía más directa. Ya los diputados –y gente sin escrúpulos- con oenegés dedicadas a estos fines, deben estar que saltan en un pie. Hecha la ley, hecha la trampa.