Me pregunto si en Panamá ya llegamos a donde íbamos. Las comunicaciones que salen de las instituciones del Estado parecen haber adoptado un manual de tres pasos: negar los hechos, disfrazar con nombres nuevos las acciones unilaterales o fuera del Estado de derecho y exhibir una piel tan delgada que no tolera la libertad de expresión. No son originales, se parecen al “playbook” de autoritarismos de izquierda y derecha.

Lo curioso es que ocurre en plena era digital. El Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Nacional destinan presupuestos cuantiosos a firmas de comunicación y relaciones públicas, pero parecen desconocer que hoy cada ciudadano tiene una cuenta y una audiencia. Eso es un alud, y a un alud no se le responde con la lógica del relacionista público de los años 80.

Caso por caso, nos dicen que son golondrinas aisladas. Un allegado del presidente demanda para callar información que ya es internacional, como ocurrió con la periodista Sabrina Bacal. Una operadora política de la administración anterior demanda al periodista Rolando Rodríguez por compartir información pública sobre sus procesos judiciales. Y agentes del orden le dicen a un ciudadano con una pancarta que no puede mostrarla, no vaya a ser que se lastimen los sentimientos del presidente. Es una deuda en democracia que el Estado no forme en libertades fundamentales a sus funcionarios, todos, desde ministros a fiscales y policías. Su rol es defenderlas. Si no las entienden como parte esencial de una democracia participativa, ¿cómo lo van a hacer?

Mientras tanto, el entorno presidencial optó por el lenguaje obsequioso: “es la decisión del presidente”, “lo decidirá el presidente”. Aquella performance, para la que no tengo nombre, de casi dos horas y con tres ministros de Estado, merece que alguien cuente cuántas veces se dijo “señor presidente… su decisión… usted dirá…”. Sospecho que la cifra compite con la planilla de la Asamblea.

Y hablando de planillas. Esta semana se publicó, en blanco y negro y verificado con datos públicos, que la Asamblea tiene 8,003 empleados. Inédito. Inconcebible en el momento que vive el país. La fiesta de nombramientos sigue, como en los tres ciclos gubernamentales anteriores. Cambian los partidos dominantes, pero no cambia que quien preside el órgano parece dirigir la agencia de empleos más potente del país. ¿La respuesta oficial? Que se desinforma al pueblo. La semántica roza lo ridículo: sumen permanentes, eventuales, transitorios, trasnochados y fantasmas, los que aparecen y los que no. El número es el número. Esa es la planilla, póngale la categoría que quiera, y duplica la que había al inicio de este gobierno, con un costo de más de trece millones mensuales. ¿Se imaginan las personas que con ese dinero podrían ser atendidas por el Hospital Oncológico y el Hospital del Niño?

Por cierto, en el Órgano Judicial sigue sin fallar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 429 del 18 de abril de 2024, aprobada dos semanas antes de las elecciones. Esa ley dio permanencia a funcionarios de la Asamblea con solo dos años de servicio y eliminó la meritocracia que, al menos en papel, existía. El procurador coincidió con la demandante: la ley contraría la Constitución y la ley de carrera administrativa. Seguimos esperando que la Corte haga su control.

El problema de fondo es mayor. Cuando la alianza oficialista de diputados que domina el Legislativo parece renunciar abiertamente, en almuerzos, a fiscalizar al Ejecutivo, desaparecen los controles y contrapesos. Es una traición literal al mandato de representación de la ciudadanía que los diputados asumen con el puesto. Si sumamos instituciones de control que parecen erráticas al decidir quién es responsable y quién no, ¿qué queda?

Queda la prensa libre. Queda la ciudadanía, que no solo tiene el derecho, sino el deber de vigilar a sus funcionarios. Y queda el acceso a la información pública, que es de la ciudadanía: el Estado solo la custodia. Sin embargo, se cierran instancias una tras otra, mientras desde la más alta jefatura se denigra, descalifica y desmerita esa participación.

El colmo es oír a funcionarios elegidos sugerir fórmulas como las aplicadas en El Salvador. ¿Hacer como Bukele? Por favor, señores, seamos serios. De autoritarismo y censura ya tuvimos bastante. Los panameños no nos caracterizamos por la sumisión ni por quedarnos callados.

¿Qué quiere el Ejecutivo? ¿Una ciudadanía muda y un Estado sin controles? Cuando los controles internos fallan, siempre está la ciudadanía.

A quienes insisten en que cada caso es una golondrina aislada: tenemos tantas golondrinas que ya llegó el verano. Los funcionarios tienen un deber de rendir cuentas que no pueden eludir. Nosotros, el de no callarnos.

La autora es abogada y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).