El marco disciplinario deportivo y el sistema de justicia penal pueden ser complementarios. ¿Sabrá esto la justicia panameña? Los organismos deportivos a nivel mundial tienen jurisdicción sobre los marcos disciplinarios deportivos y pueden usarlos para sancionar a las personas, incluso imponiendo prohibiciones (si están dentro de la jurisdicción del deporte). Las autoridades de justicia penal tienen jurisdicción sobre asuntos penales.
Urge hablar sobre la autonomía desgastada y bloqueada de Pandeportes. Una autonomía que apenas le permite auditar el uso de los recursos asignados a las federaciones y, aun así, limita su capacidad de sancionar si no se prueban actos de corrupción o mal manejo financiero.
En Panamá, la autonomía de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes) está principalmente limitada por diversas leyes y regulaciones que buscan equilibrar la gestión del deporte en el país con la supervisión y control estatal. Una de las leyes más relevantes que afecta su autonomía es la arcaica Ley n.º 10 de 1997 (Ley General de Educación Física y Deporte). Esta ley establece el marco jurídico para el desarrollo de la actividad deportiva en Panamá y crea el Instituto Panameño de Deportes como la entidad encargada de promover y coordinar el deporte en el país. Aunque le otorga ciertas facultades, también le asigna responsabilidades hacia el control y supervisión por parte del Estado, lo que puede limitar su autonomía en la toma de decisiones, especialmente en términos de recursos financieros y decisiones estratégicas.
Muchas investigaciones deportivas a nivel mundial se centran solo en la violación de las reglas deportivas y no en el descubrimiento de indicios de actividad delictiva en las federaciones. No obstante, en algunos casos, un procedimiento disciplinario deportivo y una investigación penal pueden tener lugar simultáneamente. En tales casos, las autoridades de justicia penal pueden confiar en el organismo deportivo pertinente para explicar las reglas y los matices de un deporte en particular, y para obtener información sobre posibles pruebas, testigos y presuntos delincuentes. Pero esto no pasa en Panamá.
Debería ser interés gubernamental facilitar plenamente una investigación por parte de las autoridades de justicia penal sobre las redes corruptas detrás de los casos de manipulación de fondos y competiciones, a fin de prevenir y disuadir nuevas actividades corruptas. Pero nunca llega la sangre al río, y seguimos en las mismas.
Pandeportes tiene las manos atadas en su capacidad de intervenir en federaciones deportivas dirigidas por partidos políticos debido a varios factores legales, administrativos e incluso internacionales. Las federaciones deportivas en Panamá, al igual que en muchos otros países, son organizaciones autónomas regidas por estatutos propios. Aunque reciben financiamiento de Pandeportes, su gestión interna es independiente. Esto significa que Pandeportes no puede intervenir directamente en sus elecciones o decisiones, salvo que existan violaciones claras a normativas específicas.
El Comité Olímpico Internacional (COI) y las federaciones deportivas internacionales establecen reglas estrictas que prohíben la injerencia gubernamental en la administración de las federaciones nacionales. Si Pandeportes interviniera arbitrariamente, Panamá podría enfrentar sanciones, como la suspensión de atletas y equipos en competencias internacionales.
Existe un vacío legal que impide un control efectivo: no hay una norma clara que prohíba a dirigentes políticos ocupar cargos en federaciones deportivas, lo que ha permitido mantener el flujo económico encerrado en los bolsillos de unos pocos, limitando el desarrollo del deporte y beneficiando a quienes les apoyan o les cuidan las espaldas.
Casos como el de la Federación Panameña de Natación, dirigida por Franz Wever, y la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), bajo el liderazgo del diputado Benicio Robinson, son emblemáticos. Ambos han sido incansablemente criticados por su prolongada permanencia en el poder y la falta de transparencia en la gestión deportiva.
En ambas federaciones, los dirigentes han mantenido el control por varios períodos, lo que ha generado denuncias sobre la falta de apertura a nuevas elecciones libres y democráticas. El país necesita cambiar esta situación. Sería necesario reformar la legislación deportiva y fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia.
En el caso del béisbol, Benicio Robinson ha estado al frente por más de dos décadas, mientras que en natación, la familia Weber ha tenido una influencia fuerte en la federación. Pero Pandeportes no tiene la facultad de destituir a los directivos, ya que estas entidades operan con estatutos propios y con el respaldo de organismos internacionales como World Aquatics y la Confederación Panamericana de Béisbol. Cualquier intervención directa podría resultar en sanciones internacionales.
Ambas federaciones reciben financiamiento estatal a través de Pandeportes. A lo largo de los años, han existido denuncias sobre la falta de rendición de cuentas, pero sin consecuencias legales claras. En el caso de Fedebeis, en 2018 la Contraloría General de la República señaló irregularidades en el manejo de fondos, aunque no se tradujeron en acciones concretas contra Robinson. Pero ya sabemos el peso que carga su puesto político, en la Asamblea Nacional y en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que le otorga un respaldo que dificulta cualquier intento de fiscalización.
La federación de natación, por otro lado, ha sido acusada de favorecer a ciertos grupos en la selección de atletas, lo que limita el desarrollo de nuevos talentos. “No entra quien no coma pan; en mi panadería mando yo”. Es la plena más cantada de los Wever.
No obstante, los delitos de corrupción en el deporte se están criminalizando cada vez más. Muchos países han introducido normas de conducta para funcionarios públicos y participantes, promovido la buena gobernanza y creado entidades especializadas para prevenir y detectar la corrupción. ¿Para cuándo en Panamá?
Es necesario crear leyes que prohíban que políticos activos dirijan federaciones deportivas, así como exigir mayor transparencia, auditorías públicas obligatorias y reformas estatutarias que garanticen elecciones democráticas.
El deporte panameño está en presencia de un sistema de control prolongado, con respaldo político y vacío legal, lo que impide que Pandeportes actúe con firmeza.
Panamá podría crear leyes que otorguen mayor autonomía y poder a Pandeportes para regular y fiscalizar a las federaciones deportivas. Pero esto requeriría una reforma legislativa significativa y, posiblemente, un debate con organismos internacionales como el COI. Una ley de transparencia y rendición de cuentas en federaciones deportivas obligaría a todas las que reciben fondos públicos a presentar informes detallados y auditados. En caso de irregularidades, Pandeportes podría suspender el financiamiento e incluso intervenir en la gestión.
Además, se podría prohibir a los dirigentes políticos en federaciones, y establecer una ley que impida que diputados, ministros o figuras políticas activas ocupen cargos directivos. Esto reduciría el uso del deporte como herramienta política y evitaría conflictos de interés.
Otro mecanismo sería la creación de un consejo de supervisión autónomo, un organismo externo compuesto por representantes del sector privado, exdeportistas y académicos, que supervise la gestión de las federaciones y recomiende sanciones en caso de irregularidades. Pandeportes podría actuar con base en estos informes. Una reforma a su ley orgánica le daría poder para intervenir temporalmente en casos de corrupción o mal manejo, respetando siempre las normas internacionales.
Aún con la resistencia política y las normas del COI que prohíben la intervención gubernamental directa, Panamá podría negociar, demostrando que la supervisión busca mejorar la transparencia, no controlar el deporte.
Si los cambios afectan a políticos poderosos, podrían bloquear cualquier reforma en la Asamblea Nacional. Eso ya lo sabemos, pero valdría la pena intentarlo. El cambio requiere presión pública, apoyo de atletas y voluntad política para que valga el talento, y no la corrupción.
El autor es poeta y narradora.
