Todos tenemos derecho a protestar y a manifestarnos cuando no estamos de acuerdo con algo. Este derecho está plasmado en la Constitución Política de la República, y las autoridades deben respetarlo. Ese derecho implica que no se debe afectar a terceros, sin embargo, vemos las protestas de residentes que cierran calles cuando reclaman por el suministro de agua, mayor seguridad en sus residencias y por otros problemas sociales.

Ahora traigo a colación las protestas de los estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), que generalmente empiezan de forma pacífica, pero terminan en disturbios. En estas siempre hay un común denominador: estudiantes encapuchados que protagonizan el desorden y la destrucción material, tanto de las instalaciones de la UP como de la propiedad privada.

Esta semana se registraron dos días de protestas y la vía Transístmica se tornó un campo de batalla. En las noticias de televisión entrevistaron a un “estudiante”, cuyo aspecto no era el de un joven universitario, sino más bien aparentaba tener cerca de 30 años. El periodista le preguntó a qué se debía la protesta, y la respuesta fue: “Nosotros representamos al pueblo y somos la voz del pueblo, estamos protestando por la firma del contrato en Barro Blanco y por el golpe de Estado que se le dio a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil”.

Estos dirigentes que utilizan a los jóvenes, a sus anchas, no representan al pueblo. Ellos pertenecen a movimientos de izquierda que solo buscan armar el caos, y después se les ve en diferentes gremios de izquierda, promoviendo las mismas actividades. Si defienden a los pueblos, ¿por qué no protestan contra el mediocre gobierno de Nicolás Maduro que tiene a Venezuela en la bancarrota? Ahí nos damos cuenta de que son movimientos oportunistas.

Los ciudadanos estamos cansados de sus manifestaciones violentas. Ya tenemos suficientes problemas, como para que ellos propicien otros con protestas que el gobierno de turno ignora. Lo único que logran es la destrucción de bienes materiales, que se quedan sin arreglar, y cuyos culpables no reciben el castigo que merecen. Recordemos las protestas de los institutores, el año pasado, cuando tiraron una bomba molotov y le causaron graves quemaduras a un profesor, pero todo eso ha quedado en el olvido...

Otro tema preocupante es la enorme acumulación de basura en las calles. El problema no solo se origina por el deficiente servicio de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá o por las diferentes empresas privadas que prestan el servicio de recolección, sino por los ciudadanos irresponsables, que incumplen su obligación de pagar las cuotas de aseo. La morosidad es alta, solo en el distrito de San Miguelito le adeudan 25.2 millones de dólares a la empresa de aseo. No obstante, los residentes del lugar son los primeros en exigir el servicio, a pesar de que incumplen su obligación.

Hasta ahora, a ningún gobierno le ha importado solucionar este grave problema. Cuando la basura era responsabilidad de la Alcaldía capitalina, los alcaldes gastaban millones de dólares en la compra de camiones recolectores, pensando en solucionar el problema, pero se olvidaron de que debían darle mantenimiento al equipo. Al final, todos los camiones se dañaron, como siempre, por la desidia del mal administrador público.

En los países industrializados, el 80% de la basura se recicla, lo que se convierte en un gran negocio. ¿Por qué no podemos imitar estas buenas prácticas? Es sencillo, porque nuestros gobernantes no piensan a largo plazo, solo gobiernan para el momento.

Hay que empezar a cambiar la visión, porque la basura es un problema de todos.