ROMPIMIENTO DIPLOMÁTICO

La terminación de los tratados

Pasado un mes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, han surgido crecientes evidencias de que el abrupto rompimiento con Taiwán, al menos en lo que concierne a los procedimientos diplomáticos y legales dentro del derecho internacional, no estuvo planificado por las autoridades panameñas. En un auténtico limbo jurídico ha quedado, por ejemplo, la serie de acuerdos bilaterales sobre una diversidad de materias -comerciales, marítimas, de desarrollo institucional, culturales, educativas- que Panamá y Taiwán suscribieron y ratificaron a lo largo de varias décadas.

Destaca entre ese grupo de acuerdos el tratado de libre comercio firmado en 2003, que luego de recibir la aprobación de la entonces Asamblea Legislativa panameña, empezó a regir en 2004. Cuatro años después, la cobertura de dicho tratado fue ampliada por medio de la negociación de mayores cuotas para determinados productos de exportación.

El nuevo vínculo de Panamá con la República Popular China -con cuyo gobierno nunca habíamos tenido relaciones diplomáticas, aunque sí comerciales, manteniendo ambos países desde hace años una oficina operativa en Panamá y Beijing, respectivamente- fue informado a la nación por el Presidente de la República a través de los medios de comunicación en la noche del 12 de junio. Igual fue puntualizado en un comunicado conjunto del día siguiente desde Beijing, en el cual los gobiernos de ambos países “deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores”.

En ese mismo documento el Gobierno panameño “reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy mismo sus “relaciones diplomáticas” -en comillas en el original- con Taiwán, y se compromete a dejar toda relación o contacto oficial con Taiwán”.

Sin embargo, nuestro gobierno pareció olvidarse en esa coyuntura de la vigencia de los acuerdos bilaterales existentes con Taiwán, tanto que la situación creada dejaba en el aire, como muestra, a un número importante de estudiantes panameños becados en la isla. Todavía dos semanas después, a finales del mes de junio, funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias continuaban analizando cuál sería el estatus del TLC con Taiwán, sin poder ofrecer ninguna respuesta a los exportadores e importadores panameños y taiwaneses, cuya relación comercial quedaba abandonada por las autoridades.

Ante semejante incertidumbre, el pasado 10 de julio, a casi un mes de la nueva relación con la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial indicando que la relación se sustentaba en “el reconocimiento de la existencia de una sola China en el mundo y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China”. Por ende, nuestra Cancillería “hacía constar”, retroactivamente que a partir del 13 de junio “quedaron sin efecto jurídico todos los tratados, convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento y cualquier otro instrumento, cualquiera que sea su denominación, suscritos entre el Gobierno de la República de Panamá y Taiwán”.

Luego de leído ese comunicado, cabe preguntarse si en la biblioteca del Palacio Bolívar, sede de la Cancillería, quedará arrinconada y polvorienta alguna copia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en 1969 y de la cual Panamá es Estado parte desde 1980.

Esta Convención, que codifica el derecho internacional contemporáneo sobre la materia, detalla en su Parte V cuáles son las causas, procedimientos y consecuencias de la declaración por un Estado de la nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de un tratado. Ni el retiro del reconocimiento como Estado de la contraparte en el tratado denunciado -nuestro caso con Taiwán- ni la comunicación interna de que el tratado “quedó sin efecto jurídico” ni el mecanismo de un simple comunicado ministerial, están contemplados para tales fines en la Convención de Viena ni son aceptados por la comunidad internacional.

Corresponde al Órgano Ejecutivo rectificar con prontitud estos injustificables errores mediante un instrumento formal, acorde con lo estipulado en la Convención. Uno que establezca que los acuerdos con Taiwán no quedaron “sin efecto”, sino que se terminan por causa de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares indispensables para la aplicación de los mismos (Art. 63), entre otros requisitos desconocidos por el Ejecutivo.

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