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El terrorismo de Estado

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El terrorismo de Estado

El delito de terrorismo conlleva afectación de la seguridad colectiva de los Estados, puesto que consiste primordialmente en sembrar el terror, pánico o miedo entre los pobladores de un país; el gobierno de turno y su pueblo; o, de un Estado a otro. Este comportamiento se puede dar por muchas razones, entre ellas podemos mencionar: políticas, religiosas, culturales, económicas, etc.

En términos generales, se considera al terrorismo como una figura que siempre ha existido a lo largo de la historia; sin embargo, es considerado por muchos que tuvo un repunte con el movimiento sionista y la caída del Sha de Irán (en el año 1979).

Este puede clasificarse en múltiples formas dependiendo la finalidad del mismo. De esta forma, podemos hablar de terrorismo de Estado; nuclear; bioquímico; global; cibernético; movimientos de liberación nacional, aunque este último no es considerado como delito y está amparado por el Derecho Internacional a través de los siguientes instrumentos jurídicos: Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra adoptado en 1977, otorgándole la protección de las leyes de guerra; la Resolución 1514 denominada “Declaración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales” de 1960; y la Resolución 3034 de 1972.

El delito de terrorismo lo establece el Código Penal panameño en su libro segundo, sobre los delitos, en el título IX (Delitos contra la seguridad colectiva), en el capítulo I (Terrorismo y financiamiento del terrorismo), en los artículos que van del 293 al 295-A.

En cuanto al delito de terrorismo de Estado, este consiste en todas aquellas estrategias, que al margen de la ley, planea y ejecuta el gobierno de un Estado, con la finalidad de ejercer un control sobre la población mediante la intimidación, el miedo y el pánico, con la finalidad de mantenerse en el poder, ya sea durante su período electoral o de manera indefinida.

Aunque la doctrina penal considera al terrorismo de Estado como una forma del delito de terrorismo, la mayoría de los expertos panameños consideran que esta figura no está tipificada en nuestro país; sin embargo, considero que como tal no está contemplado, pero sí está regulado como ilícitas, conductas que aunque por sí solas constituyen un delito independiente, estas a su vez conforman una forma de terrorismo de Estado cuando fuere realizado por este, a través de sus funcionarios o de grupos que hubiesen surgido bajo su autorización, supervisión y apoyo.

Como ejemplo de esto podemos mencionar los siguientes:

1. El delito de desaparición forzada, regulado en el artículo 152 de la ley antes citada, plantea específicamente que el mismo consiste en privar de la libertad de tránsito, en forma ilegal y con paradero desconocido, es decir, que se le oculta a los familiares de la víctima el lugar donde este se encuentre, aun cuando el mismo sea de conocimiento de las autoridades. Esta acción es llevada a cabo por el Estado, ya sea mediante la participación de funcionarios públicos o grupo de particulares que el Gobierno haya creado para utilizarlos en estos menesteres. Generalmente la persona desaparecida en forma forzosa se había convertido en un peligro para el gobierno de turno, por diversas razones, entre las más comunes podemos mencionar: el que fuese un disidente político con una fuerte aceptación por parte de la comunidad.

2. El delito contra el derecho a la intimidad, establecido en el artículo 167 del Código Penal panameño, en el cual se indica que está prohibido la escucha de todo tipo de comunicación que tenga una persona mediante el uso de cualquier medio tecnológico que le permita interceptar dicha comunicación, de igual manera se prohíbe el grabar o hacer uso de la información escuchada que no era dirigida al público por ser de índole privada. Entendiéndose además que esto se haya realizado sin la autorización de la autoridad judicial. Es común que el gobierno de un Estado pinche los teléfonos de los adversarios políticos o de grupos que se oponen al régimen.

3. El delito de practicar cualquier forma de vigilancia o seguimiento, sin autorización competente, a una persona que se considera peligrosa para el gobierno de turno, contemplado en el artículo 168.

La autora es doctora en derecho penal.

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