Precisamente para esta época, hasta finales de octubre, el jobo (Spondias bombin) es un oloroso y dulce fruto amarillo que comienza a empedrar las veredas, a orillas de las cercas en las fincas y los potreros del interior de nuestro país. Su aroma se entremezcla con el olor a tierra mojada, en muchos de los solariegos patios de las casas de nuestros ancestros. En efecto, cada año, la fuerte fragancia del jobo impregna de manera intensa y contagiosa los aires del terruño.
Tal parece que el mismo frenesí que alcanza el jobo, para este tiempo, pretende ser imitado por la “honorable” Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos miembros, no conformes con haberse autoaumentado recientemente el salario a $14,000.00 mensuales, acción que, como era de esperarse, no tardó en ser imitada contagiosamente por los magistrados del Tribunal Electoral, quienes reclamaron igual privilegio.
Ahora, en plena crisis del sistema de pensiones y con miles de jubilados sobreviviendo con menos de $500.00 mensuales, la CSJ, mediante el acuerdo 407 aprobado por ellos mismos el 18 de julio de 2024, espera retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. Estaríamos hablando de una jubilación especial de hasta $14,000.00 al mes, para magistrados y jueces, vigente retroactivamente desde enero de 2025, la cual, como vemos, se mantuvo en reserva —convenientemente esperando el tiempo de jobos— por más de un año.
Lo inaudito de este aberrante fuero, a todas luces inconstitucional, radica en el hecho de ser proclamado o adjudicado por ellos mismos, mediante un simple acuerdo de recámara, sin el sustento de ley alguna que ampare este exabrupto. Se trata, por sí y ante sí, de un irresponsable acto de corrupción y oportunismo, en el que la propia CSJ, llamada a ser —se supone— la primera en advertir semejante incongruencia legal y moral, haya, en cambio, y sin siquiera sonrojarse, cometido semejante desfachatez en favor de sí misma.
De haberlo pensado mejor, de seguro les habría resultado mucho más fácil, a los “honorables magistrados”, intentar negociar la aprobación de una ley para tal fin, con los diputados de la Asamblea, aprovechando que también para esta época muchos de estos “honorables padres de la patria” están en oferta y, por demás, están de sobra acostumbrados a esta deleznable conducta oportunista del “qué hay pa’ mí”.
De llegar a concretarse esta exagerada y aberrante pretensión de la CSJ, la misma superaría con creces los estándares tanto nacionales como internacionales respecto a las jubilaciones especiales. Sería, en consecuencia, el segundo beneficio económico que la CSJ se otorga a sí misma en menos de un año, para provecho estrictamente personal y que nada tiene que ver con un incremento en la eficiencia, imparcialidad o celeridad de sus fallos impartiendo justicia.
Cabe anotar que, tras la divulgación de este acuerdo, la Corte Suprema de Justicia anunció una suspensión parcial de su aplicación, decisión ambigua que mantiene en pie buena parte del beneficio y prolonga la incertidumbre sobre su eventual eliminación.
Lo que nos faltaba; quienes deberían ser custodios y guardianes de la justicia se colocan ahora por encima de la ley, haciendo parecer de paso, como otro chiste de mal gusto, el hecho de que, ante la eventual e inminente presentación de una demanda de inconstitucionalidad en su contra por la adopción de esta imprudente e inoportuna medida, sean ellos mismos o sus suplentes a quienes les tocaría, en derecho, evaluar si cometieron o no un acto inconstitucional con la promulgación de este acuerdo.
En este contexto de ambigüedades y desaciertos, definitivamente que, si alguien me dijera que el escritor Frank Kafka nació en Panamá en lugar de haber nacido en Praga, no lo pondría en duda, ya que, en nuestro país, a cada rato se observan comportamientos tan extravagantes e inverosímiles como este, ante los cuales el extraordinario escritor checo al que hacemos referencia, de seguro, se habría sentido a sus anchas, al contar con notables elementos para producir sus inmortales obras.
El autor es escritor y pintor.
