El pasado 3 de octubre, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de España para exigir soluciones a la crisis de la vivienda. La dimensión del malestar se comprende con tres cifras. El precio de la vivienda aumentó un 80% en la última década y hoy el precio medio de alquiler equivale prácticamente a todo el salario mediano de un joven (98.7%), según datos de El País y el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Como consecuencia, el 68.7% de los jóvenes españoles de 18 a 34 años vive con sus padres, casi veinte puntos por encima del promedio europeo.

El problema de fondo es de oferta. Desde 2021, en España se forman 245,000 hogares netos al año, pero se construyen menos de 100,000 viviendas, apenas el 14% de lo que se construía en 2006, de acuerdo con el sociólogo Jorge Galindo. Con tan poca oferta, los precios han alcanzado niveles muy superiores a lo que los jóvenes pueden pagar.

¿Estamos ante una situación similar en Panamá? Los datos muestran que el síntoma es parecido, pero las causas son distintas.

En efecto, los jóvenes panameños se independizan cada vez más tarde. En 2025, unos 488 mil panameños de 20 a 35 años vivían en casa de sus padres, equivalentes al 53% del total de jóvenes, 57 mil más que en 2019, cuando la proporción era de 48%, según cálculos propios a partir de las Encuestas de Hogares. Esto no parece explicarse porque estudien más años. De hecho, el aumento se concentra entre los 25 y los 35 años (de 38% a casi 47% del total en el mismo periodo) y ocurre igual entre quienes no estudian.

Para dimensionar el cambio generacional, en el Censo de 2000, cuando muchos de los padres de estos jóvenes tenían esas edades, solo el 31% vivía con sus padres.

¿Por qué ocurre esto? La primera sospecha es que se trata del mismo problema de asequibilidad que en España. Sin embargo, los datos muestran un panorama distinto en Panamá, al menos en comparación con América Latina. Una vivienda en el área metropolitana cuesta unos 9 años del ingreso promedio de un hogar urbano, cerca de la media regional de 8.5 años, según el Anuario de Vivienda de América Latina y el Caribe de 2025, de CAF y el Lincoln Institute of Land Policy.

Por otro lado, un hogar típico destina el 26.1% de su ingreso al pago de alquiler, frente a una mediana de 39% en la región, aunque en Panamá esta proporción aumentó 1.7 puntos porcentuales respecto a 2024. Si bien estas comparaciones no reflejan necesariamente la situación de los jóvenes, sugieren que el mercado de vivienda no explica por sí solo sus dificultades para independizarse.

La segunda sospecha es que el problema no sea tanto el precio, sino el costo y las facilidades para financiar la vivienda. Panamá ha tenido algunas de las más favorables de la región: una tasa hipotecaria de 6.5%, frente al promedio latinoamericano de 9.8%; un abono inicial de entre 5 y 10%, frente a 23%; y plazos de hasta 30 años, de los más extensos de la región, según datos del Anuario mencionado. Debido a esas condiciones y a la ausencia de riesgo cambiario por ser una economía dolarizada, uno de cada cinco hogares urbanos habita en una vivienda adquirida con hipoteca, más del doble que en Chile o Costa Rica.

Sin embargo, el financiamiento se ha encarecido en los últimos años. Tras las alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos en 2022-2023 (de 0 a 5.5% en 16 meses), la tasa de referencia hipotecaria en Panamá pasó de 5.75% en 2022 a 6.5% desde octubre de 2025. El aumento fue menor que en Estados Unidos, pero suficiente para elevar la letra mensual y el ingreso mínimo requerido. Esto es coherente con que el saldo de créditos hipotecarios creciera apenas 2.7% en 2025 y se redujera 0.6% a agosto de 2026.

Una tercera sospecha es que los cambios en la política de vivienda hayan elevado la barrera de entrada para los jóvenes. El bono del Fondo Solidario de Vivienda (US$10,000 para viviendas de hasta US$70,000) venció en junio de 2024, mientras que el nuevo Régimen de Interés Preferencial, vigente desde enero de 2026, contempla subsidios por menos tiempo que algunos tramos anteriores. Los ajustes también reflejan una realidad fiscal más estrecha, tras el fuerte aumento de la deuda durante la pandemia, y la necesidad de mantener estos programas sin comprometer su sostenibilidad financiera.

Más recientemente se creó Abono Pa’ Ti, que aporta US$3,000 para el abono inicial de viviendas nuevas de hasta US$80,000. Estos instrumentos ayudan a quienes ya están cerca de obtener una hipoteca, pero no resuelven el principal obstáculo para muchos jóvenes, que es contar con empleo e ingresos suficientes.

Esto nos lleva a la cuarta sospecha, que aparece incluso antes de solicitar una hipoteca y, en muchos casos, de acceder a un alquiler: contar con un empleo formal. En Panamá, el desempleo entre los jóvenes de 20 a 35 años aumentó de 11.7% en 2019 a 16.9% en 2025. El número de jóvenes con empleo formal (medido como quienes declaran cotizar a la Caja de Seguro Social) se redujo de 327 mil en 2019 a 304 mil en 2025, y su proporción bajó de 47% a 42% entre los jóvenes que trabajan o buscan trabajo. Aunque los datos de 2026 muestran una mejora del mercado laboral (el desempleo total pasó de 10.4% a 8.5%), la desocupación entre los jóvenes de 20 a 29 años se mantiene en 18.3%.

La situación es igualmente preocupante al analizar los hogares, no solo los jóvenes de forma individual. Entre los hogares encabezados por jóvenes de 20 a 35 años, el 46% no tiene ningún trabajador formal, el 39% tiene uno y apenas el 15% tiene dos o más. Además, solo unos 21 mil de estos hogares (14.9%) reúnen ingresos formales superiores a US$1,265 mensuales, el ingreso aproximado que exige una hipoteca de US$80,000.

¿Qué hacer? En España, el principal problema es que la vivienda se ha vuelto demasiado cara para los jóvenes. En Panamá, el problema es distinto. Incluso con precios y condiciones hipotecarias relativamente favorables frente a la región, muchos jóvenes no tienen el empleo formal ni los ingresos necesarios para financiar una vivienda. A esto se suman el encarecimiento del crédito por el entorno internacional y la reducción de los subsidios por el mayor estrés fiscal. Por ello, la respuesta debe combinar medidas laborales y de vivienda.

En el financiamiento, un fondo de garantía parcial podría ayudar a jóvenes con ingresos demostrables, pero poca trayectoria laboral o sin empleo formal, acompañado de criterios que permitan evaluar mejor los ingresos de los trabajadores independientes. Este puede ser un buen complemento al régimen de interés preferencial. En el empleo, la Ley 513 de 2026, que contempla pasantías remuneradas para jóvenes, es un paso importante, pero su éxito dependerá de cuántos pasantes terminen en planilla, algo que conviene medir desde ya. También ayudarían menores costos para formalizar el primer empleo y más formación dual, con un mayor papel del ITSE.

Las consecuencias van más allá de la vivienda. Alcanzar el ingreso necesario para una hipoteca suele requerir dos ingresos formales, pero apenas el 15% de los hogares jóvenes cuenta con dos o más cotizantes a la CSS. La dificultad para independizarse también puede ser una de las causas que condicionen el deseo de formar una familia y tener hijos. En un país que envejece cada vez más rápido, esta es una consecuencia que no deberíamos pasar por alto.

El autor es economista.