El pasado 6 de diciembre, los venezolanos expresaron claramente en las urnas que querían un cambio radical de rumbo para su país, tras 16 años de chavismo, otorgando a la oposición una más que holgada mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Pero en vez de atender a este mandato soberano y democrático, Nicolás Maduro y sus colaboradores han puesto en marcha una operación de más que dudosa legitimidad para dejar sin efecto la opinión del pueblo al que se deben.
Primero fue la activación de un denominado Parlamento Comunal, que en la práctica solapará sus funciones con la Asamblea resultante de las elecciones.
Un organismo del que el chavismo no se acordó mientras tuvo mayoría en la Asamblea, pero que ahora pretende convertir en la verdadera cámara legislativa del país, algo posible desde el punto de vista retórico del número dos del régimen, Diosdado Cabello, pero no desde el legal.
El siguiente paso ha sido el nombramiento por la Asamblea saliente, de mayoría chavista, de 13 nuevos jueces del Tribunal Supremo –y otros 21 suplentes– de inequívoca adhesión a Maduro.
El que uno de los últimos actos de una Asamblea que ya no goza del mandato popular sea fidelizar políticamente al máximo órgano judicial no responde precisamente al buen uso democrático de aceptar la derrota electoral.
Que el régimen además haya presionado a jueces del Tribunal Supremo para conseguir sus jubilaciones anticipadas –o también para que aquellos juristas cuyo mandato vencía en el futuro inmediato renunciaran– es una ilegalidad y una muestra de que Maduro sigue sin querer entender que los venezolanos han encargado a la oposición que elabore las leyes y que su deber es respetar este encargo.
En este ambiente, es más importante que nunca que la oposición se mantenga unida, porque necesitará de todas sus fuerzas para forzar a Maduro a desbloquear la parálisis institucional que sufre Venezuela.