El retorno de los docentes a las aulas, luego de más de dos meses de huelga, marca un punto de inflexión en el conflicto educativo, pero no su cierre definitivo. El Gobierno logró su objetivo inmediato: reinstalar a los profesores sin ceder en demandas centrales como el pago retroactivo ni la revisión urgente de la controvertida Ley 462. Lo hizo mediante una estrategia de firmeza institucional basada en la sustitución temporal de huelguistas, la ausencia de negociación directa y la proyección de control. En términos tácticos, fue una jugada efectiva.
En paralelo, algunos diputados oficialistas —tras haber apoyado la aprobación acelerada de la reforma a la Caja de Seguro Social— intentan ahora matizar su responsabilidad política con propuestas de enmiendas menores. Esta maniobra busca contener el desgaste electoral, aunque sin alterar sustancialmente el contenido de la ley ni revertir el daño ya percibido por parte de gremios y ciudadanía.
Quienes llevan la peor parte de este proceso, como ha sido habitual en los últimos años, son los estudiantes y sus familias. La interrupción prolongada de clases —más de 70 días solo en esta ocasión, sumados a cerca de 550 días de afectación acumulada desde 2020— profundiza un rezago educativo estructural. Diversos estudios advierten que las consecuencias de estas interrupciones no solo comprometen el rendimiento académico, sino también las trayectorias de vida y las oportunidades socioeconómicas de generaciones enteras.
Los docentes que encabezaron la huelga tampoco salen indemnes. Regresan sin garantías de pago por los días no laborados, sin certezas sobre su estabilidad laboral y bajo la amenaza de procesos disciplinarios. La aplicación inflexible del principio “quien no trabaja, no cobra” refuerza una lógica punitiva que debilita la posición gremial y siembra desconfianza hacia futuras negociaciones.
Por su parte, los sindicatos y movimientos sociales sufrieron una derrota simbólica. La falta de respuesta institucional, sumada a la táctica de sustituciones parciales, produjo un desgaste interno y fragmentó la unidad que venían consolidando en los últimos años. La imposibilidad de imponer condiciones mínimas de diálogo representó un retroceso significativo en su capacidad de presión social.
En este contexto, el Gobierno consolida su imagen de autoridad y eficacia, mientras algunos sectores oficialistas intentan reposicionarse sin asumir costos reales. La opinión pública, mayoritariamente apática o crítica del paro docente, terminó por facilitar la postura del Ejecutivo. En cambio, tanto estudiantes como gremios resultan sacrificados bajo el peso del pragmatismo político.
No obstante, este no es el punto final del conflicto. De cara a las próximas elecciones, sectores magisteriales y organizaciones sociales podrían reactivar el discurso de justicia educativa, señalando la traición de los legisladores que hoy buscan suavizar el impacto de sus decisiones. La izquierda intentará reeditar alianzas sindicales, como ocurrió en 2023, con el objetivo de exigir una derogación sustantiva de la Ley 462. El oficialismo, en cambio, buscará proyectar estabilidad y avance institucional; aunque, si persisten los procesos disciplinarios, podría abrirse un flanco de crítica por supuestas derivas autoritarias.
En definitiva, el balance inmediato favorece al Gobierno y a los sectores políticos que mantuvieron el control del relato. Los docentes cedieron en sus principales demandas sin garantías claras, y los estudiantes permanecen atrapados en un sistema que les responde con lentitud, castigo y desatención. Si bien el retorno a clases cierra una etapa, no clausura el conflicto: la educación, como campo de disputa política, seguirá siendo terreno fértil para movilizaciones, narrativas de campaña y ajustes legislativos. El país aún no ha dado por concluido este capítulo. Queda por ver si la ciudadanía responderá con castigo en las urnas o con resignación frente a una institucionalidad que sigue postergando su deuda con la escuela pública.
El autor es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa.
