En Estados Unidos, el presidente puede vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Es una facultad constitucional que forma parte del sistema de pesos y contrapesos diseñado por los fundadores de la República para impedir la concentración del poder.

Pero ¿qué sucedería si Donald Trump decidiera convertir el veto presidencial en su instrumento habitual de gobierno y rechazara sistemáticamente todos los proyectos que llegaran a su escritorio, incluso aquellos promovidos por sus propios aliados republicanos?

Se trata de un escenario hipotético, pero permite examinar los alcances del veto y sus consecuencias políticas. La pregunta nos conduce directamente al corazón del constitucionalismo estadounidense: la separación de poderes.

Aunque un presidente cuente con una mayoría de su partido en el Congreso, eso no convierte al Senado ni a la Cámara de Representantes en simples dependencias de la Casa Blanca.

La Constitución establece una diferencia fundamental entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El presidente puede proponer políticas, recomendar iniciativas y negociar con los congresistas, pero no sustituir la voluntad legislativa del Congreso.

El procedimiento es claro: un proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras en los mismos términos y remitido al presidente. Este puede firmarlo o vetarlo. También puede dejar que se convierta en ley sin su firma si transcurren diez días, excluidos los domingos, sin devolverlo al Congreso. Si una suspensión de sesiones impide su devolución dentro de ese plazo, el proyecto no se convierte en ley: es el llamado veto de bolsillo.

Ante un veto ordinario, el Congreso conserva la facultad de superarlo mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros que voten en cada cámara, siempre que haya cuórum.

Es decir, el presidente tiene poder de veto, pero no un poder legislativo absoluto.

Y aquí aparece una paradoja política interesante: ¿puede un presidente vetar las mismas iniciativas que su administración ha impulsado? Jurídicamente, sí. El Congreso pudo haber modificado su contenido durante el trámite o el mandatario pudo haber cambiado de posición. Por tanto, ese veto no representa, por sí solo, una contradicción institucional ni un abuso de poder. Su costo político dependerá de las razones que lo expliquen.

Si Trump vetara sistemáticamente todos los proyectos, el resultado podría ser una confrontación institucional, el bloqueo legislativo y la dificultad para aprobar nuevas medidas sobre asuntos fundamentales del Estado.

La Constitución no establece un límite numérico de vetos. Su uso frecuente puede ser políticamente cuestionable, pero no constituye automáticamente una infracción constitucional. El problema aparece cuando la confrontación impide alcanzar acuerdos indispensables, por ejemplo, para financiar las operaciones del gobierno federal.

Pero hay algo todavía más importante: el presidente no es propietario del Congreso, aunque su partido tenga mayoría. Los senadores y representantes tienen un mandato constitucional propio. No son empleados del Ejecutivo ni están obligados a renunciar a sus atribuciones constitucionales por disciplina partidaria.

La democracia estadounidense no descansa exclusivamente en quién gana las elecciones presidenciales. También depende de que las instituciones mantengan su autonomía y ejerzan sus competencias.

El veto fue concebido como un mecanismo de equilibrio. Su ejercicio permite al presidente objetar una decisión legislativa; la posibilidad de superarlo permite al Congreso insistir en ella cuando reúne el respaldo exigido por la Constitución. Ninguno de esos mecanismos garantiza el acuerdo político, pero ambos delimitan el poder.

La Constitución estadounidense no fue escrita para que el presidente gobierne por encima del Congreso, sino para que ninguno de los poderes pueda gobernar por encima de la Constitución.

El autor es abogado.